La Policía asumió formalmente la responsabilidad de dar seguridad a los dignatarios de Estado, mediante la creación de la denominada Unidad de Seguridad de Dignatarios (USEDI). Quienes formen parte de este cuerpo de élite tendrán que guardar reserva y confidencialidad sobre sus labores, incluso hasta después de dejar la unidad, ya que las operaciones de la USEDI son “de carácter secreto y confidencial”.
En los hechos, los policías retomaron esa responsabilidad a poco de que asumiera el poder la presidenta Jeanine Áñez, en noviembre pasado. Desde diciembre de 2016, en el gobierno de Evo Morales, esa tarea estaba encomendada al Ejército, a través de la Unidad de Seguridad para Altos Dignatarios de Estado (USDE), que reemplazó a la Unidad de Seguridad Presidencial.
Durante la última reunión de gabinete se aprobó el decreto 4258 que dio nacimiento a la USEDI, que estará manejada por la Policía y tendrá por finalidad “prevenir, intervenir, minimizar o neutralizar hechos que puedan causar daño a la vida, integridad física, libertad o seguridad de los Dignatarios de Estado Nacionales o Extranjeros, y personas importantes en Misión Diplomática”.
Otra característica de este grupo de élite será la confidencialidad sobre las tareas de seguridad, que incluso se extenderá hasta después de que presten ese servicio.
“Las operaciones protectivas de la USEDI son de carácter secreto y confidencial. Las y los servidores públicos policiales asignados a la USEDI quedan prohibidos de revelar las mismas, salvo orden expresa de autoridad competente, prohibición vigente incluso hasta después del cese oficial de sus funciones”, establece el artículo 3 de la norma.
El 19 de mayo, un oficial de las Fuerzas Armadas y otro de la Policía Boliviana, quienes pidieron la reserva de su identidad, se contactaron con este diario para dar a conocer la destitución de jefes militares y policiales por supuesta infidencia tras haberse hecho públicos detalles de los viajes que hizo la hija de la Presidenta, Carolina Ribera, y una exmiss Rurrenabaque junto al ministro Yerko Núñez.
Se informó que el 12 de mayo fueron destituidos de sus cargo el general de Brigada A. T. M., el jefe de la Casa Militar, coronel E. V. A.; el jefe de Edecanes y el mayor de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) J. C. A. Dos días después, corrieron la misma suerte el coronel L. H. C. D., jefe de Seguridad Personal de la Presidenta; el capitán I. T. G., jefe de Grupo de Caravana de Seguridad; el capitán M. A. C. M., oficial de Seguridad Personal de la hija de la Presidenta; el teniente J. P. D. P.; el jefe del Grupo Táctico de Caravana Presidencial y otros oficiales, así como los conductores.
Los gastos de la nueva unidad deberán ser programados y cubiertos “al interior de los presupuestos institucionales de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional – Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional y de los Ministerios de la Presidencia y Gobierno, así como de los respectivos Ministerios que requieran protección para su Máxima Autoridad Ejecutiva – MAE”.
