Debido a la cuarentena por el coronavirus, los casos de corrupción en firmas estatales como en la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel) y otros, que fueron denunciados antes de la emergencia sanitaria, están paralizados por lo que se prevé que a partir de la siguiente semana se reactiven y se presenten las imputaciones contra los responsables de esos hechos.
“En el tema de Entel hay una investigación en el Ministerio Público que desgraciadamente fue antes de la cuarentena, por eso es que se ha paralizado los procesos como en todos los procesos anteriores a la cuarentena, seguramente desde el lunes, dependiendo si habrá la cuarentena dinámica, algunas cosas se van a ir abriendo, los procesos van a ir avanzando”, indicó el ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Álvaro Coimbra.
En el caso de Entel, en febrero de este año, La Razón publicó las irregularidades cometidas por el gerente de ese entonces, Elio Montes, quien fue denunciado por el pago de finiquitos a sus colabores que llegaron con él a la empresa estatal y no estuvieron más de tres meses como establecen las normas laborales. El monto ascendía a los Bs 868.998.
Otras irregularidades cometidas en la gestión de Montes fue el pago de hospedajes y consumos extras en hoteles de cinco estrellas en la zona sur de la ciudad de La Paz, así como compra de teléfonos celulares para sus colaboradores y el pago de auspicio a competidores deportivos, entre otros.
Telefónica
Con relación a los supuestos hechos de corrupción en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Coimbra explicó que las denuncias en la petrolera estatal se presentaron durante la emergencia sanitaria, por lo tanto las investigaciones por parte del Ministerio Público continúan su curso. Recordó que en las pasadas semanas se realizó la solicitud de documentación de las oficinas en la ciudad de La Paz.
A mediados de abril, se conoció diversas irregularidades cometidas en la gestión del entonces presidente de YPFB, Herland Soliz. Una de ellas fue la contratación de manera directa, y por emergencia, de combustible por unos $us 160 millones, pese a que el precio del barril de petróleo se encontraba por debajo de los $us 20.
También se denunció la contratación de una póliza de seguro para YPFB Corporación por un valor de Bs 49 millones, pero la misma se dejó sin efecto por las denuncias realizadas. Otro hecho fue la adjudicación de manera directa de una empresa para servicios de alimentación y limpieza para la Planta de Río Grande por un costo de $us 8,89 millones.
En tanto, en la estatal Boliviana de Aviación (BoA), los trabajadores denunciaron a principios de marzo que la gerencia de ese entonces determinó disminuir la frecuencia de vuelos nacionales e internacionales beneficiando a las aerolíneas privadas. Eso derivó en la destitución del gerente general Juan Carlos Ossio.
