La conminatoria de la proveedora con el cobro del saldo por los respiradores, la aclaración de la fábrica sobre el “precio estándar” de los equipos muy menor al del contrato y la ampliación de las investigaciones a otros funcionarios “asfixian” al Gobierno.
El día anterior ya había terminado mal para la administración de Jeanine Áñez con la caída del ahora exministro de Salud Marcelo Navajas y otros dos funcionarios por el escándalo del presunto sobreprecio en la compra de 170 respiradores, y la posición del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que dijo que el Gobierno de Bolivia “fue responsable” de la adquisición de los equipos.
Luego de la danza de números sobre la adquisición de los aparatos que debían paliar la situación de salud de los contagiados del nuevo coronavirus en el país, la empresa española IME Consulting Global SL —proveedora de los respiradores marca Respira, modelo Respira Device— salió al paso con una dura advertencia: cobrar el saldo por los equipos en un plazo de 48 horas.
La conminatoria fue una reacción del gerente de la firma española, Manuel Mazarrasa, a la declaración del ministro de Justicia, Álvaro Coímbra, quien, la mañana de ayer, amenazó con iniciar un proceso y una investigación —en coordinación las fiscalías de Bolivia y España— a la empresa española. Vamos a demandar a Bolivia si “en un plazo de 48 horas no nos paga la mitad del contrato (más de 2 millones de euros) que tiene pendiente de abonar”, dijo el ejecutivo en una entrevista con el diario español El Correo.
Enseguida, otro ejecutivo, Pau Sarsanedas, en representación de la fabricante de los equipos GPAinnova, aclaró en la cuenta de Twitter de la compañía los números de la transacción. “Queremos aclarar la polémica generada con la venta de 170 Respira a Bolivia; la venta se ha realizado a un distribuidor a nuestro precio estándar de tarifa de 6.000 euros ($us 6.576,4, en la conversión que hizo La Razón) más 600 euros ($us 657,6) de accesorios”, dijo.
Si fue así, los montos señalados totalizan $us 7.234.
Precio. Según el contrato firmado el 11 de mayo entre Mazarrasa y el entonces director de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM), Giovani Pacheco, ahora aprehendido por el caso, el costo unitario de los respiradores era $us 28.080 y el global, $us 4.773.600.
De la ecuación entre el precio estándar de GPAinnova y el total definido en el contrato Pacheco-Mazarrasa resulta una diferencia adversa de $us 3.543.820. El fiscal departamental, Marco Antonio Cossío, adelantó el miércoles que el sobreprecio de la transacción es de más de $us 3 millones.
Por su parte, Mazarrasa dijo a El Correo que el margen de ganancia de su compañía apenas alcanzaba a 800.000 euros, $us 877.059 según la conversión.
En un tercer mensaje a la nación una vez estallado el escándalo, la presidenta Áñez insistió ayer en que en el caso su gobierno “actuó de inmediato y con firmeza” y que ordenó una investigación “caiga quien caiga”.
“He ordenado una auditoría de todas las compras en salud que se han hecho en mi gestión y otras son medidas para evitar que esto no vuelva a suceder y para eso he ordenado que las compras se hagan de cara al público y con control directo de las redes”, dijo la mandataria.
Además de Navajas, acusado de delitos de malversación, uso indebido de influencias, uso indebido de bienes, incumplimiento de deberes, delitos contra la salud, conducta antieconómica y otros, el círculo del Ministerio de Salud investigado se cierra por ahora con Pacheco y el que fuera director jurídico de ese despacho, Fernando Valenzuela. El miércoles, la Fiscalía de La Paz adelantó la ampliación de las investigaciones.
Otras dos personas, asesores del BID, también se encuentran en resguardo judicial desde el martes, a la espera de la audiencia cautelar que ayer fue postergada para las 16.00 de hoy.
El martes, Cossío informó que convocará a declarar a más funcionarios y exfuncionarios, entre ellos el exministro de Salud Aníbal Cruz; el cónsul de Bolivia en Barcelona (España), Alberto Pareja, y el embajador de Ciencia y Tecnología, Mohammed Mostajo-Radji.
Este último negó varias veces que tuviera algo que ver en la compra de los respiradores y que, al contrario, su papel en la emergencia contra el COVID-19 es solo para la definición de estrategias.
En tanto, la canciller Karen Longaric anunció que llamó al cónsul Pareja para que declare en el caso que lo implica.
