En el bullado caso de corrupción por la compra de respiradores españoles, la Procuraduría General del Estado concluyó este viernes que no existen indicios que involucren a la canciller Karen Longaric en la compra de estos aparatos.
“Según la documentación que remitió la Cancillería, que fue la primera institución en cumplir con el requerimiento de la Procuraduría, no existe ningún indicio que involucre a la señora canciller Longaric. Precisamente, a la Procuraduría le corresponde llevar la investigación jurídica objetiva e imparcial, aunque es evidente que hay intensiones de politizar este hecho”, reveló a La Razón el procurador José María Cabrera.
La autoridad explicó que el informe solicitado al Ministerio de Relaciones Exteriores requería un parte del cónsul de Bolivia en Barcelona, Alberto Pareja, sobre su «interactuación» con los empresarios españoles que proveyeron 170 respiradores al país.
“Tenemos en manos la respuesta del Cónsul de Bolivia y todo ello se está acumulando y (haremos) el respectivo análisis jurídico”, informó Cabrera.
El caso
El Ministerio de Salud de Bolivia compró 170 respiradores básicos de la marca Respira de la fábrica GPAinnova, a un precio unitario por contrato de $us 26.080 y un global de $us 4.773.600. Según la Fiscalía, el presunto sobreprecio es de más de $us 3 millones.
Algunos ya fueron entregados por la presidenta Jeanine Áñez, aunque no funcionan aún debido a un software no actualizado.
Este caso salpicó a varios funcionarios del Gobierno, entre ellos el exministro de Salud Marcelo Navajas.
El Procurador reveló también que pedirá un informe complementario del embajador de Ciencia y Tecnología, Mohammed Mostajo-Riadji. “Consideramos que fueron insuficientes los descargos iniciales que emitió”, dijo.
Cabrera informó también que el jueves pidió al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) un informe sobre el caso. (22/05/2020)
