En medio del escándalo por la compra con sobreprecio de 170 ventiladores, el juez de la causa, Hugo Huacani, fue aprehendido el viernes minutos antes de una audiencia. No fue la Fiscalía de La Paz ni el Ministerio de Justicia, sino, finalmente, la cartera de Gobierno la que ejecutó la medida que causó incluso preocupación en la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos (OACNUDH).
Al terminar la tarde el viernes, cuando se aprestaba a instalar la audiencia cautelar para resolver la situación judicial del exministro de Salud Marcelo Navajas y otras cuatro personas implicadas en la compra de los ventiladores pulmonares de la fábrica española GPAinnova, Huacani fue aprehendido sin razones aparentes, medida que obligó el acto procesal para el día siguiente.
El sábado, la Fiscalía Departamental de La Paz salió al paso para aclarar que “como institución no tuvo participación ni ha emitido una orden de aprehensión contra el juez”. Horas más tarde, el Ministerio de Justicia, que es la parte querellante en el caso, dijo en otro comunicado que “no solicitó la aprehensión ni presentó ninguna denuncia contra” Huacani.
Naciones Unidas
La irregularidad quedaba en el limbo, mientras el juez dijo a La Razón que la Policía Boliviana “no puede” aprehender a una autoridad judicial y la OACNUDH, en representación de su titular Michelle Bachelet, emitió un comunicado en Twitter en el que pidió a las autoridades competentes “una investigación pronta acerca de las causas y autores que llevaron a la aprehensión del juez con el propósito de evitar que estas acciones se repitan”. Lo hizo a través de dos tuis y con referencias a la Fiscalía General del Estado, el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Supremo de Justicia.
Sin embargo, el domingo, el Ministerio de Gobierno publicó su propio comunicado. En el texto se lee que tanto la Dirección Jurídica de ese despacho como la Policía Boliviana actuaron “en el marco de la legalidad” en la “aprehensión” de Huacani.
Descargo
En el documento, el Ministerio de Gobierno no se refiere con nombre y apellido a la autoridad judicial, aunque explica sus argumentos. “La Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Gobierno denunció la presunta comisión de delitos por parte de un juez por una posible parcialización en un caso de cesación preventiva”.
Tampoco señala quiénes serían las víctimas del juez ni el caso en específico, aunque dice que el argumento de éste “para cesar la detención preventiva del procesado fue el transcurso del tiempo, sin considerar que, frente a la emergencia sanitaria, el propio Tribunal Supremo de Justicia dispuso la suspensión de plazos procesales”.
Documento
A propósito, la red de televisión RTP difundió el domingo el documento –fechado el mismo viernes 22 de mayo— con el que aparentemente se sustentó la Policía Boliviana para aprehender a Huacani. Sin firma más que datos de dos denunciantes y el denunciado, el documento señala “resoluciones contrarias a la Constitución-incumplimiento de deberes” como los motivos de la medida.
Cita como denunciantes a Édgar Uchani Mamani y Víctor Callisaya Quisberth.
En su defensa, el juez Huacani dijo a La Razón que su detención fue irregular y ejecutada por un oficial de la Policía Boliviana. “Cuando me han llevado a la fuerza del Tribunal Departamental de Justicia, cuando ingresaba a la sala de audiencias para llevar los casos del Ministerio de Salud, me detuvieron. Ese mismo día, en la noche, hemos identificado al verdadero (autor de la aprehensión) que es Millán Estrada, un teniente coronel, si no me equivoco”, dijo el juez, que contó que el policía estaba acompañado de otros cinco civiles.
El viernes, minutos antes de la audiencia de medidas cautelares del exministro de Navajas, el exdirector jurídico de ese despacho Fernando Valenzuela y el exdirector de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM) Giovani Pacheco, y otras dos personas, entre ellas una asesora del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el juez Huacani fue aprehendido de manera intempestiva.
Liberado el sábado Huacani, que apeló la aprehensión con un escrito a pulso, el juez ordenó en una audiencia que duró hasta las 04.30 del domingo la detención preventiva por tres meses en la cárcel de San Pedro de los tres implicados, además del “testigo clave” Fernando Humérez. Mientras, Gabriela P., consultora del BID, la entidad financiadora de la compra, deberá guardar detención domiciliaria durante seis meses.
Caso
La semana pasada estalló el escándalo de los respiradores en Bolivia. Se trata de la compra de 170 ventiladores pulmonares modelo Respira Device, de la fábrica española GPAinnova. De acuerdo a contrato entre AISEM, del Ministerio de Salud, y la empresa IME Consulting Global SL, Bolivia acordó pagar $us 28.080 por cada equipo, a diferencia de los $us 7.234 que ofrece la fábrica.
Se conoció que tres intermediarios –dos bolivianos y un español— operaron el negocio, cuyo sobreprecio, según el fiscal departamental de La Paz, Marco Antonio Cossío, supera los $us 3 millones. (25/05/2020)
