Las 18 líneas habilitadas por la Defensoría del Pueblo −que funcionan las 24 horas y tienen alcance nacional− recibieron en 38 días de cuarentena, 52 denuncias por WhatsApp de violencia contra mujeres en 38 días de cuarentena.
La entidad recibió 614 denuncias, de las cuales 52 son de violencia: 38 contra mujeres y 14 contra niños, niñas y adolescentes. Las restantes son de abuso policial o militar, despidos, entre otros.
“Son todos los tipos de violencia: sicológica, sexual, física de los 52 casos. Evidentemente, las denuncias (ante) la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) y el Ministerio Público son mucho mayores”, informó la defensora Nadia Cruz.
Entre estos casos, recordó que el 2 de abril una turista española fue violada por Nelson C. en una hostal de Uyuni.
“En Cochabamba un niño de dos años fue víctima de violencia sexual, y en Yacuiba (Tarija) se reportó la falta de atención en la interrupción legal del embarazo a consecuencia de la violación que sufrió una mujer”.
El jueves, la FELCV informó que recibió 1.378 casos en esta cuarentena, de los cuales 1.282 fueron de violencia familiar y doméstica, es decir el 93% del total.
Datos
También se consumaron 277 delitos sexuales: 44 violaciones a infantes, niñas, niños y adolescentes; 44 violaciones de personas mayores de 18 años, 66 casos abuso sexual – toques indebidos –, 31 de estupro, ocho tentativas de violación y cinco denuncias de acoso sexual.
Sin embargo, la Fiscalía General del Estado reportó 545 casos de violencia familiar y doméstica contra mujeres y niñas, niños y adolescentes entre el 21 de marzo y el 14 de abril.
“La diferencia entre la cantidad de casos que registra la FELCV, que supera los mil, y la cantidad de casos que tiene el Ministerio Público, que no llega ni al 50% de estos, implica que no se está generando una suerte de medidas efectivas por parte del sistema judicial. Vemos con bastante alarma que se gestionen recursos altos para el procesamiento de los que (…) están haciendo protesta por el COVID-19, pero que esos recursos no existan (…) cuando se habla de violencia contra la mujer”.
“Falta voluntad institucional, ya que desde febrero de 2019 la Defensoría pidió oficialmente que se establezca una política criminal que establece la priorización de las causas que va a seguir el Ministerio Público”.
(27/04/2020)
