Parlamentarios de la Asamblea Legislativa prevén que sus sucesores, en la próxima legislatura, deberán consensuar la designación de al menos 11 autoridades jerárquicas titulares en instituciones públicas, cargos ocupados hoy de forma interina.
Esa es la opinión de legisladores de Unidad Demócrata (UD) y del Movimiento Al Socialismo (MAS), aunque en este partido no se descartó iniciar en agosto el proceso de selección para definir al Defensor o Defensora del Pueblo, para que culmine en octubre, cuando ya puede haber nuevo gobierno y nuevos asambleístas, tras las elecciones que se deben realizar hasta el 6 de septiembre, luego del acuerdo político de la anterior semana.
Pese a sus dos tercios en el Legislativo, el MAS no pudo llenar todas las acefalías. Ahora, las entidades económicas con interinatos llegan al menos a 10: la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), el Banco Central de Bolivia (BCB), la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).
Además figuran la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel), la Empresa Nacional de Electricidad (Ende) y la Empresa Boliviana de Industrialización de Hidrocarburos (EBIH). También los miembros de los directorios del BCB, SIN, ABC y EBIH siguen como interinos.
TERNAS. Entre las responsabilidades de la Asamblea está proponer ternas a la presidenta o el presidente para elegir a los representantes titulares en instituciones económicas y sociales, y la designación de otras tres jefaturas en entidades relacionadas con el control y la defensa de la sociedad y el Estado.
“El tema es que se requiere de tiempo, según las leyes, esperemos que se puedan hacer estas designaciones; si las elecciones se llevan el 2 de agosto tenemos prácticamente muy poco tiempo, sin embargo, en el marco de las prioridades y necesidades, se va a ver la posibilidad de sacar convocatorias”, indicó la diputada Sonia Brito (MAS), antes de que se conozca el pacto de partidos para que el Tribunal Supremo Electoral organice los comicios hasta septiembre.
El diputado Édgar Montaño (MAS) fue más directo al señalar que la mayoría de los asambleístas de su frente coincidieron en que se encuentran “de salida” y sus sucesores deben tomar la misión de estos nombramientos, “porque evidentemente van a estar por cinco años, nosotros ya estamos de salida, esa responsabilidad debe de asumir la próxima legislatura”.
Según el artículo 172 de la Constitución Política, son atribuciones de la Presidenta o el Presidente nombrar, de entre las ternas propuestas por la Asamblea, a la Contralora o Contralor General del Estado, a la presidenta o al presidente del BCB, a la máxima autoridad de la ASFI y a las Presidentas o a los Presidentes de entidades de función económica y social en las cuales interviene el Estado.
De las instituciones relacionadas con la defensa y el control del Estado, tres cuentan con autoridades titulares: la Asamblea Legislativa Plurinacional designó el 23 de octubre de 2018 a Juan Lanchipa como fiscal general del Estado, mientras que Henry Ara fue posesionado el 1 de julio de 2016 como contralor general del Estado.
En la Procuraduría General del Estado, la presidenta interina Jeanine Áñez nombró, el 3 de diciembre del año pasado, a José María Cabrera. Al respecto, la Constitución sostiene que la designación del titular en esta institución “corresponderá a la Presidenta o al Presidente del Estado, la designación podrá ser objetada por decisión de al menos dos tercios de los miembros presentes de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en un plazo no mayor a sesenta días calendario desde su nombramiento. La objeción tendrá por efecto el cese en las funciones de la persona designada”.
De este grupo de instituciones, resta también la designación del representante nacional de la Defensoría del Pueblo, cargo que actualmente es ejercido de manera interina por Nadia Cruz, desde el 30 de enero de 2019, luego de que David Tezanos Pinto renunciara en medio de polémicas. Precisamente sobre este tema se pronunció el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Choque (MAS), quien abrió la posibilidad de empujar la convocatoria para el nombramiento de un titular.
CONCERTACIÓN. Para la designación de autoridades por parte de la próxima legislatura, Brito remarcó que el MAS siempre estará abierto a la concertación para llegar a acuerdos. “Creemos que se nos viene una época muy difícil después (de la emergencia sanitaria por el COVID-19) y Bolivia va a tener que aunar esfuerzos; seguramente en muchos casos posiblemente haya diferencias políticas y se debe priorizar cómo sacar adelante al país, en ese sentido el MAS siempre estará abierto y predispuesto para realizar estas tareas”.
Similar razonamiento expresó el senador Edwin Rodríguez, de UD, quien afirmó que con la actual crisis sanitaria y la inminente crisis económica por la paralización de la economía, lo mejor es realizar las designaciones en la próxima legislatura, tras los comicios planificados para septiembre.
Sin embargo, no descartó que después de las justas se genere otra crisis política y social, por una pulseta entre ganadores y perdedores, lo cual generaría inestabilidad, por lo cual recomendó generar espacios de concertación antes de las elecciones, para avanzar en estos nombramientos. “Yo creo que los bolivianos necesitamos un pacto social y para ello debiéramos establecer un escenario en el que los bolivianos generemos un reencuentro”.
