En una suerte de arremetida contra Evo Morales, el Gobierno de Bolivia ha pedido al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) reactivar más de 60 procesos penales en contra de la administración del exmandatario que está refugiado a la fecha en Argentina.
A decir del viceministro de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, Guido Melgar, al reactivar los plazos procesales y la retoma del control jurisdiccional, paralizados por la cuarentena por el nuevo coronavirus, se allanan los procesos con los cuales el Estado procura “recuperar” unos $us 700 millones.
El pedido del Gobierno ya había sido planteado a la Fiscalía, que respondió que el receso de los operadores de la Justicia por la pandemia era el óbice.
“El Ministerio Público está con las manos amarradas y nosotros igual porque no se puede continuar con las investigaciones”, dijo Melgar en una conferencia de prensa.
“Entonces, hoy día, estamos solicitando reabrir los plazos procesales en los juzgados y retomar el control jurisdiccional para que ya el Ministerio Público pueda continuar con sus investigaciones. La emergencia sanitaria ya fue levantada y La Paz ya está en riesgo moderado, por ejemplo”, detalló.
El dato
El Decreto Supremo 4245, del 28 de mayo, levantó las restricciones a las labores. Así, el Ministerio Público reanudó sus actividades la anterior semana, pero los juzgados aún permanecen cerrados.
Melgar hizo un cálculo somero de la cantidad de dinero que el Estado supuestamente puede recuperar con estas seis decenas de procesos.
Entre ellos citó el caso del Fondo Indígena, cuyo daño económico al Estado asciende a unos $us 170 millones; el de los taladros chinos, con $us 60 millones; el caso Neurona, con $us 13 millones; y el caso helicópteros chinos, con $us 108 millones; el caso UELICN (Unidad Ejecutora de Lucha Integral Contra el Narcotráfico), por mantenimiento de aeronaves, con $us 60 millones.
Asimismo, mencionó el caso de Dora Vallejos, por supuesto enriquecimiento Ilícito con afectación al Estado, valorado en $us 150 millones; el caso del presunto fraude electoral en los comicios presidenciales de 2019, cuyo gasto es de $us 217 millones que se pretende indilgar a Morales.
“En resumen, estamos bordeando los 750 millones de dólares que, con la reactivación de estos procesos, el Estado puede recuperarlos”, afirmó Melgar.
Morales ha deslindado responsabilidad en la mayoría de ellos y, por el contrario, considera que los procesos en su contra y el de sus colaboradores es parte de una persecución política que proviene de un gobierno de facto.
En criterio de Melgar, si la Justicia determina sanciones y responsabilidades, el Estado recuperará los fondos a través de los bienes anotados de forma preventiva.
“En la mayoría de los casos tenemos anotaciones preventivas de los bienes de los encausados. Una vez que esa sentencia condenatoria quede firme e irrebatible, esos bienes pasarían a nombre del Estado”, subrayó.
(09/06/2020)
