La Cámara de Diputados rechazó por unanimidad este miércoles las modificaciones del Senado al proyecto de ley que reduce en 50% los alquileres de inmuebles, establecimientos comerciales e industriales, y condona el 50% restante. La eliminación de la retroactividad fue el principal punto objetado.
De acuerdo con los reglamentos de funcionamiento del Órgano Legislativo, el tratamiento de la norma pasará al pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).
El proyecto de la Ley Excepcional de Arrendamiento, aprobado por la Cámara Baja –cámara de origen– y remitida al Senado para su sanción, establecía la retroactividad en la aplicación al 15 de marzo para beneficiar a inquilinos que no percibieron ingresos debido a la cuarentena por lo que no podían cumplir con esta obligación.
Dato
Esa disposición fue anulada por la Cámara Alta, que estableció que la ley sería aplicada a partir de su promulgación.
La norma «no sirve para la gente pobre, no tiene sentido, porque no es retroactiva», dijo el diputado proyectista Víctor Borda, del Movimiento Al socialismo (MAS), quien justificó el rechazo.
El documento fue aprobado por los senadores el lunes por la noche e incorporó en uno de sus artículos la prohibición de desalojar deudores morosos “hasta tres meses después de la cuarentena”, informó entonces el senador Ciro Zabala.
Los puntos en común de ambos documentos son: el establecimiento de techos para acogerse a la reducción no fue tocado. Así, en el caso de vivienda, el canon mensual no debe ser mayor a Bs 5.000; las tiendas y espacios comerciales hasta Bs. 7.000 y espacios industriales, hasta un máximo de Bs 15.000.
Para compensar a los dueños de casa, en ambos documentos se plantea que éstos serán beneficiados con la condonación del pago del impuesto mensual del Régimen Complementario del Impuesto al Valor Agregado (RC-IVA) por el tiempo que dure la cuarentena, lo que aplica solo a quienes emiten factura, una práctica que no es corriente.
El proyecto inicial establecía la aprobación automática de la reducción, pero el Senado introdujo otra modificación, que se aplique si es que propietarios e inquilinos llegan a un acuerdo.
Aprobin en emergencia
La Asociación de Propietarios de Bienes Inmuebles (Aprobin) de La Paz, por su parte, se declaró en estado de emergencia y anticipó que acelerará la presentación de los recursos constitucionales con el apoyo de legisladores que rechazan la normativa. Además, buscará el apoyo de instituciones como la Defensoría del Pueblo.
Franklin Poppe, vicepresidente de la organización, reiteró que se están vulnerando derechos constitucionales y derechos civiles.
«Hay un estado de emergencia por lo que acontece. Hicimos llegar al Senado un manifiesto y no han tomado en cuenta las importantes observaciones que hemos realizado. Una de ellas era justamente la retroactividad de la norma, que fue lo único que se tomó en cuenta“, apuntó.
Para Poppe, la norma es utilizada como “prebenda política” y no se valora que se están cercenando los ingresos a una parte importante de la población.
«Ellos están tomando en cuenta una supuesta mayoría de inquilinos favorecidos y no están tomando en cuenta el impacto económico que tendrá su aplicación de forma general», recalcó.
(10/06/2020)
