La Defensoría del Pueblo denunció, este miércoles, que Patricia Hermosa, exjefa de gabinete del expresidente Evo Morales, es víctima de una aprehensión ilegal y persecución política y que sufre violencia de género; por lo que demandó a las autoridades judiciales su liberación.
Este pronunciamiento coincide con la campaña del Movimiento Al Socialismo (MAS) activada para la liberación de Hermosa, luego de que ésta difundiera en redes sociales la “pérdida” de su embarazo debido a la dureza del encierro.
La Defensora, Nadia Cruz, calificó la detención preventiva de Hermosa como “excesiva”, “disposición que debe ser aplicada excepcionalmente, como establecen los instrumentos internacionales de derechos humanos; y que, como medida cautelar y no punitiva, debería obedecer a los principios de legalidad, presunción de inocencia, necesidad y proporcionalidad”.
La autoridad defensorial exhortó al Órgano Judicial, a la Fiscalía General del Estado y Consejo de la Magistratura tratar el caso de Hermosa; y “en respeto a sus derechos se promueva una auditoria jurídica para verificar que el juez de garantías haya considerado de manera apropiada los lineamientos para un juzgamiento con enfoque de género”, manifestó.
Cruz recordó que desde enero Hermosa se encuentra detenida de forma ilegal tras una aprehensión “arbitraria por policías vestidos de civiles que no exhibieron una orden judicial; hecho en el que además se incurrió en otras irregularidades como su retención por 50 minutos dentro de un vehículo, en lugar de ser conducida a celdas policiales”.
Explicó que las irregularidades de la aprehensión contravienen la Convención Americana sobre Derechos Humanos; además que siendo este caso un ejemplo de una “agenda represiva estatal” implementada “contra opositores políticos”, se desvirtúa la legitimidad con que hubiera surgido la investigación penal contra Hermosa.
“La apariencia de legalidad que se intenta dar a la aprehensión se devela cuando los procesos penales en contra de opositores políticos no persiguen los fines de la ley, sino persiguen cumplir con una agenda represiva estatal; en ese sentido, pierde importancia la solvencia técnica con la que se lleva el proceso penal, siempre y cuando éste cumpla con el fin político buscado”, manifestó.
Cruz pidió al Gobierno asumir las acciones que corresponden en contra de las autoridades que emitieron, recientemente, declaraciones que promueven la estigmatización de Hermosa “y que denotan una violencia simbólica encubierta que muestra actitudes machistas y misóginas”.
Ayer, el viceministro de Coordinación gubernamental, Israel Alanoca insinuó una relación no laboral entre el expresidente Morales y Hermosa: “Aquí viene lo sorprendente, que [Morales] ha hecho viajes incluso a Punta Cana [República Dominicana] con el avión FAB 001 y paradójicamente en casi la mayoría de viajes que hace lo hace con Patricia H. G. Es terriblemente esto porque nosotros decimos ¿qué hace una jefa de gabinete o una secretaria de su excelencia, en ese momento, acompañado al presidente a hacer viajes a Punta Cana, Francia? (Sic)”.
La Defensora remarcó que existe evidencia de que se ha ejercido contra Hermosa violencia psicológica por el carácter sistemático de las acciones y declaraciones, desde su detención, “ocasionando un daño permanente, culpabilizándola antes de seguir el debido proceso, difamando, discriminando, deshonrando, humillando y atentando contra su dignidad, su nombre y su imagen”.
Recordó que a inicios de esta gestión, la presidenta Jeanine Añez declaró el año 2020 como el año de la Lucha contra el Feminicidio e Infanticidio; y que es Presidenta del Gabinete Especial de Lucha contra la violencia hacia la mujer y la niñez, instancia formada por el Ejecutivo para encarar una lucha contra esta problemática, y cuestionó “una incoherencia al existir la permisibilidad a la violencia mediática en contra de las mujeres”.
