La Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación (CBDE) sostiene que el Gobierno vulnera el derecho a la educación de 2.9 millones de estudiantes del sistema educativo nacional con la respuesta “escasa e insuficiente” que ha dado frente a la pandemia, y propone siete medidas específicas para mejorar la situación.
La CBDE se autodenomina una instancia que articula a organizaciones nacionales e internacionales, redes, organizaciones sociales, instituciones académicas y activistas. Una de sus principales críticas es que la suspensión de actividades educativas a causa de la pandemia, a partir del 13 de marzo, interrumpió procesos de enseñanza y aprendizaje en el sistema educativo y que produce mayor desigualdad, pues incrementa la brecha digital urbana-rural y entre unidades educativas fiscales y privadas.
Agrega que el Decreto Supremo 4260, del 6 de junio del 2020, que tiene el fin de normar la complementariedad de las modalidades presencial, a distancia, virtual y semipresencial en los subsistemas de educación regular, alternativa y especial, y superior, no hace mención a la priorización de contenidos curriculares, aspectos administrativos y de gestión, reprogramación del calendario escolar y que no fue consensuada.
Siete propuestas
Ante la ausencia de un plan educativo efectivo y un decreto que agudiza las desigualdades, según la entidad, propone siete aspectos a tomar en cuenta, destacando entre los primeros: desarrollar un plan con reglamentación clara y detallada coordinado con sectores de la sociedad civil, acompañarlo con insumos, adecuación de infraestructura y protocolos de bioseguridad para la comunidad estudiantil, incluir lineamientos que aseguren el acceso al uso de nuevas tecnologías en todo el sistema educativo, designar fondos suficientes para garantizar su cumplimiento.
Este medio insistió con la unidad de comunicación del Ministerio de Educación para conocer aspectos específicos de la propuesta presentada el 6 de junio y su posición frente a esta y otras críticas, pero no hubo respuesta.
