Hace casi siete meses asumió la dirección del Estado el gobierno liderizado por Jeanine Áñez, nominado por ella misma y sus acólitos como “de transición”. Al inicio y con gran consenso en el conjunto de los opositores a Evo Morales como principal antagonista político-ideológico, actuó con desmedida fuerza en el uso del poder coercitivo y la persecución política para con sus detractores.
Lo que pudimos evidenciar, como muestra de este consenso alrededor del “Gobierno de transición” fue el cerco mediático casi unísono y total durante el golpe de Estado y en los primeros meses de gobierno. Toda la derecha boliviana coincidía en el papel político que debía jugar el Gobierno durante la transición y ese era el de llamar a elecciones, pero implícita y principalmente el de sentar las bases materiales para que en las futuras elecciones ni Evo Morales ni el MAS-IPSP puedan retornar al poder. Para esto se barajaban diversas opciones, la más radical, anular la personería jurídica del MAS-IPSP acusándolo de fraude electoral; otra, inhabilitar a sus futuros candidatos; incluso, la opción más intrépida, crear fracturas y divisiones dentro del MAS (ala radical versus ala concertadora) para lograr influir en la designación del candidato masista y poner uno funcional a sus intereses, llegando incluso Óscar Ortiz a recomendar explícitamente a una senadora para candidata a presidenta del MAS-IPSP.
Mientras el uso de la fuerza coercitiva para tratar de acallar las protestas se traducía en decenas de muertos y dos masacres, las de Sacaba y Senkata, casi el total de los medios bolivianos callaba y solo reproducía las versiones oficiales del Gobierno, la más célebre de Arturo Murillo: “¿Cómo han podido recibir un tiro en la nuca? O sea, el compañero de atrás es el que está disparando…”. Incluso, durante las protestas, al ser rebasada la Policía, el periodista John Arandia pidió en un tweet que las Fuerzas Armadas salgan a reprimir; cito: Gral. Kaliman saque a los militares, no necesita disparar, el pueblo garantiza “no tendrá represalias ni juzgamiento”.
Gramsci define a la hegemonía como la capacidad de dirección, de conquistar alianzas, de proporcionar una base social al Estado; en Lenin, la hegemonía es concebida no solamente como dirección política, sino también como dirección moral, cultural e ideológica. La base social (actores políticos contrarios a Evo Morales, “pititas”, medios de comunicación), era la que proporcionaba al Gobierno, la legitimidad como dirección hegemónica del Estado y la capacidad de actuar, sobre todo coercitivamente (Fuerzas Armadas y Policía Boliviana) en contra de sus detractores políticos, persecución generalizada contra el que se atreviera a contrariar o cuestionar el accionar del Gobierno de transición, legitimidad que desde el inicio fue insuficiente porque no había la más importante que es la lograda en las urnas, pero que fue solventada por la coerción de la fuerza y la instrumentalización política de la justicia.
Esta base social se empezó a deteriorar en el momento en que Jeanine Áñez ya no solo es presidenta del Gobierno transitorio, sino que decide oficializar su candidatura a la presidencia en las próximas elecciones, causando una gran molestia entre los otros frentes políticos con candidaturas ya definidas, que veían en ella solo el papel de garantía de las condiciones materiales para su futuro triunfo; consecuentemente, los ataques empiezan a suscitarse y cada vez más el Gobierno transitorio comienza a hacer aguas, el equilibrio entre consenso y coerción nunca fue una prioridad para el Gobierno de facto, ningún gobierno se puede sostener indefinidamente solo con el uso de la fuerza, si no existe cierto consenso entre los gobernados, una suerte de acumulación de fuerza contrahegemónica evidenciada en la pérdida del miedo entre los detractores; la disminución de alianzas entre el Gobierno y la sociedad civil ha ido en ascenso, el incremento de voces críticas, el gran aumento de los casos de corrupción, todo esto está provocando una caída vertiginosa en los niveles de popularidad y aceptación del gobierno de Áñez; incluso hemos sido testigos de cómo el fiscal general, Juan Lanchipa, que en un inicio fue de los primeros en ponerse a las órdenes del Gobierno de transición ahora, claramente en un sitial imparcial, anuncia investigaciones por corrupción en YPFB, Entel y uso indebido de bienes del Estado que vinculan a la propia hija de la presidenta, Carolina Ribera.
El mantra repetido hasta el cansancio en el inicio por Jeanine Áñez, “mi única tarea es llamar a elecciones, yo no voy a ser candidata…” le está pasando factura, los escándalos y cambio de ministros y autoridades son el pan de cada día; ahora mismo están en una carrera contra el tiempo, tratando de recuperar alianzas o de sostener las que todavía le quedan. Aprobaron 500 millones de dólares para el sector financiero a través del BCB, tratan de acelerar el uso de transgénicos en la agricultura para favorecer a los exportadores, y ahora van por el litio. Pese a todos los esfuerzos por retrasar las elecciones hasta 2021 y el favor casi providencial de la pandemia mundial por el COVID-19, se encontraron con una bancada del MAS-IPSP en la Asamblea Legislativa Plurinacional que asestó un golpe certero, aprobando la realización de las elecciones en no más de 90 días, o sea hasta inicios de agosto.
Así que, según el desarrollo de los hechos, lo más probable es que muy pronto tengamos elecciones en Bolivia; lo que los hechos no están dejando claro, por el momento, es que si Jeanine Áñez llegará a éstas como candidata o como presidenta o como ninguna de las dos.
Mauricio R. Leigue es politólogo
