El Centro de Investigación en Economía y Política (CEPR, por sus siglas en inglés) publicó en español su informe sobre las elecciones de 2019 en Bolivia y ratificó que no hay evidencia sobre la alteración de los resultados, por lo cual acusó a la Organización de Estados Americanos (OEA) de “tergiversar” los datos y la evidencia hallados en su auditoría para reforzar su tesis de “manipulación intencional”.
El estudio de la OEA inclinó la balanza para que el 10 de noviembre de 2019, el entonces presidente Evo Morales renuncie a su cargo, en medio de denuncias de fraude, protestas cívicas, un motín policial y la sugerencia de las Fuerzas Armadas para su dimisión. Dos días después, partió en un vuelo a México denunciando un golpe de Estado, y la senadora Jeanine Áñez se colocó la banda presidencial.
Un estudio ‘deficiente’
La publicación del CEPR se da luego de que un reportaje del diario estadounidense The New York Times, del 7 de junio, descubrió que la auditoría de la OEA que llevó a la anulación de los comicios “era deficiente”. “Examinamos detenidamente la evidencia estadística de la OEA y hallamos problemas con sus métodos”, indicó al periódico Francisco Rodríguez, un economista de la Universidad de Tulane.
“Una vez que corregimos esos problemas, los resultados de la OEA desaparecen, sin dejar evidencia estadística de fraude”, insistió el especialista en estudios latinoamericanos. Participaron también del análisis Nicolas Idrobo, estudiante que cursa un doctorado de la Universidad de Pensilvania, y Dorothy Kronick, experta de política latinoamericana del mismo centro de estudios de Estados Unidos.
Tras la divulgación del estudio en inglés del CEPR, en marzo, la OEA salió al paso para defender la “manipulación intencional” de los resultados de los comicios que, en su criterio, benefició al Movimiento Al Socialismo (MAS), partido de Morales, para lograr más de 10 puntos de ventaja y así eludir una segunda vuelta con su principal contendor, el expresidente Carlos Mesa, de la alianza Comunidad Ciudadana.
“Parcial, parcializado, sin rigor técnico electoral”, calificó la OEA al análisis de Jack Williams y John Curiel, investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) que replicaron los hallazgos del CEPR y concluyeron que “no podemos encontrar resultados que conduzcan… a la misma conclusión que la OEA”. Y el gobierno transitorio de Áñez en Bolivia descalificó igualmente el documento.
En su publicación traducida al español, en la introducción, el CEPR señala que su estudio se centra en el informe final de la auditoría realizada por la OEA “y muestra cómo los autores… tergiversan tanto los datos como la evidencia encontrados… en un intento de reforzar aún más sus afirmaciones sobre una manipulación intencional por parte de las anteriores autoridades electorales de Bolivia”.
‘Conducta poco ética’
No niega que el organismo regional identificó “varios problemas reales de la gestión electoral”, empero, “no proporciona ninguna evidencia de que esas irregularidades hayan alterado el resultado de la elección o fueran parte de un intento deliberado de hacerlo”. Aparte, el CEPR aclara que su estudio no pretende validar lo sucedido el 20 de octubre de 2019, ni apoyar a un candidato o partido político en particular.
“La credibilidad de la OEA tiene enormes implicaciones de cara a las próximas elecciones bolivianas… Una organización multilateral llamada a resolver una disputa electoral debe ser honesta, imparcial y creíble. Este estudio muestra que la OEA no puso en práctica estos criterios en el caso de la crisis electoral boliviana de 2019”. Por ello, apunta a la entidad de haber tenido una “conducta poco ética”.
Continúa que ello ha tenido “consecuencias profundamente perturbadoras” en Bolivia, porque la “narrativa de fraude que la OEA ayudó a promover” fue decisiva para la renuncia y huida del entonces presidente Morales, antes de que terminará su mandato; además, debido a esta acusación funcionarios, entre ellos exintegrantes del Tribunal Supremo Electoral (TSE), fueron encarcelados.
El documento del CEPR hace énfasis en cinco hallazgos y sostiene que el informe final de la OEA se basa en análisis estadísticos defectuosos y suposiciones incorrectas (1), entierra u omite por completo los resultados de sus ejercicios de verificación a pesar del hecho de que sean altamente relevantes (2) y no presenta evidencia que apunte a la manipulación de los resultados electorales (3).
Asimismo, como cuarto punto, subraya que la auditoría no presenta evidencia que indique que los problemas con el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), reales o supuestos, afectaron al cómputo o que el cómputo fue alterado de manera fraudulenta (4); y que no proporciona claridad sobre la detención del TREP y, como resultado, perpetúa una narrativa falsa de fraude (5).
Se puede acceder al documento en https://dev-qa.la-razon.com//cepr.net/wp-content/uploads/2020/03/Spanish-Report-Final-1.pdf
