El caso de presuntos cobros en Impuestos Internos a cambio de la prescripción de la deuda tributaria de algunos contribuyentes devela reuniones privadas, represalias e incluso “acoso institucional”, a decir de una de las funcionarias denunciantes de la oficina distrital de La Paz.
Según una carta enviada al gerente general del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), Rubén Tabata, publicada en las redes sociales por el programa de televisión “Detrás de la verdad”, Tereza Paredes Flores involucra a varios funcionarios en un caso particular, aunque insinúa que hay otros 103.
La funcionaria decidió denunciar las irregularidades al conocer el caso de un contribuyente, Jhonny Emilio B. von A., quien supuestamente fue favorecido con las prescripción de su deuda tributaria aún fuera del tiempo. Cuenta que el abogado de éste, Federico V., presuntamente miembro de un bufete externo de juristas, mantenía “reuniones reservadas permanentes” con funcionarios del Departamento Jurídico y la Gerencia General de la oficina distrital del SIN La Paz 1.
Al resolver la situación del contribuyente, otra funcionaria, Carmen M. C., recibió la “instrucción” de que la solicitud de Jhonny Emilio B. von A. “debe declararse prescrita en la resolución a dictarse”. “En eso, Carmen M. C. respondió a la Jefa de Departamento que no estaba de acuerdo, porque, como Gerencia Operativa, debía agotarse todas las instancias con el fin de velar los intereses del Estado”, escribe Paredes Flores a Tabata.
Al final, contó la funcionaria, la resolución salió a favor del contribuyente y Carmen M. C. no fue convocada más para las reuniones. Dijo que incluso, el 21 de febrero, por instrucción de la Jefatura de Recursos Humanos, fue obligada a tomar vacaciones.
“No le quedó más que aceptar, se puso a llorar”, informó.
Sobre su caso, Paredes Flores denunció que fue víctima de maltratos por parte de uno de los supervisores del Departamento Jurídico ahora investigados y dijo que presentó denuncia contra el funcionario por “acoso institucional”. Constantemente, este señor me maltrataba de forma verbal y escrita, “de manera constante me presionaba para firmar resoluciones, facilidades de pagos incumplidos o modificación de notificaciones”.
Incluso, denunció que en la segunda semana se le asignó un caso de solicitud de prescripción que finalmente fue derivado a otra profesional. “Siendo 103 casos”, dijo.
Extraoficialmente se supo que los involucrados en la trama son Jorge Ledezma Salomón, el gerente distrital; María Yolanda Vargas, la jefa del Departamento Jurídico; y Roy Mancilla, supervisor técnico jurídico.
En conversación con La Razón este jueves, el presidente del SIN, Marco Nava-Morales, anunció la destitución de tres funcionarios de esas oficinas, aunque se no animó a mencionarlos debido al “principio de presunción de inocencia”.
“La denuncia versa en el sentido de que algunos funcionarios del Departamento Jurídico hubiesen tenido algún nexo con personeros o un abogado de jun bufete externo para solucionar o favorecer a algún contribuyente sobre casos de prescripción”.
Al respecto, este miércoles, el fiscal departamental, Marco Antonio Cossío, confirmó la intervención de las dos oficinas del SIN La Paz, el lunes. La denuncia se basa “en sentido de que estas personas estarían negociando con bufetes de abogados la prescripción de deudas tributarias cuando aún no estaban vencidas”. Por lo tanto, el Estado estaría dejando de percibir sumas de dinero importantes”.
Consideró que se va a conformar una comisión de fiscales y el caso será ampliado a otras personas que pudieran estar involucradas.
Por el momento, los tres funcionarios son solo investigados y no fueron aprehendidos, y pesan sobre ellos sospechas de los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones incompatibles con la Constitución Política del Estado.
(28/05/2020)
