En respuesta al proyecto de ley enviado por la presidenta Jeanine Áñez para habilitar la entrega del hospital en Montero, el diputado del Movimiento al Socialismo (MAS) Edgar Montaño, miembro de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas, informó este jueves que no le corresponde al Legislativo tratar la norma y que es responsabilidad del Gobierno.
“Está entregando responsabilidades a otro ente, en este caso al Legislativo, que no corresponde bajo la responsabilidad de las normas básicas de contratación”, sostuvo el legislador.
Áñez, mediante el proyecto de ley, pidió la entrega parcial del hospital de tercer nivel del municipio de Montero, ubicado en el departamento de Santa Cruz, para la atención de pacientes con Coronavirus.
Uno de los artículos del documento refiere que autoriza a la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM) “iniciar el proceso de recepción provisional/parcial de las áreas necesarias del hospital de Tercer Nivel de Montero, para la atención inmediata de pacientes afectados por el COVID-19”.
Montaño afirmó que, del análisis del proyecto de ley, existen incongruencias como en el punto sobre la conciliación y liquidación de pagos. “Nos está diciendo que no ha cancelado o por último nos está diciendo que le tenemos que reconocer a la empresa constructora por haber cambiado el color del hospital, es decir de color azul -que era originalmente- y que ahora está de color verde lechuga, que precisamente es el color de su partido político”.
De igual forma, sostuvo que existen normas que regulan la administración de bienes y servicios, las que le otorgan tuición a instancias del Ejecutivo para la recepción de ítems, como se solicita en el proyecto de ley.
“En ese entendido, no necesita usted ninguna ley para abrir e inaugurar el hospital de tercer nivel de Montero, no necesita ni siquiera un decreto supremo, porque estas normas ya lo regula. Para que usted pueda recepcionar ítem que ya están concluidos tiene que sentarse con la empresa constructora y sentar al control social, al fiscal de obra y al supervisor de obra, que son los encargados de velar que la infraestructura esté entregada de acuerdo a las especificaciones técnicas de contratación por el cual se va a pagar”, le dijo a la Presidenta.
El legislador afirmó que Áñez está dando largas al tema mientras que “los cruceños y benianos estamos sufriendo con esta pandemia”.
El miércoles, el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, presentó una acción popular para que la justicia ordene la habilitación del hospital de Montero, que a la fecha no fue abierto por entuertos legales. La región es una de las más afectadas por el COVID-19.
El gobernador afirmó que no se trata de una acción contra nadie y que se la presenta “a favor de los ciudadanos y de la vida”, pero la tuición sobre el hospital es del Gobierno central.
Hace un par de semanas, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, llegó hasta Montero para realizar una inspección del nosocomio y anunció su apertura para el 18 de mayo, pero no se concretó. Indicó, entonces, que el proyecto tiene un contrato “llave en mano”, lo que significa que debe ser entregado totalmente equipado.
Recordó que recibir la infraestructura con temas pendientes implicaba un riesgo legal que las autoridades de Gobierno están dispuestos a correr.
La empresa constructora, según el Gobierno, tenía 213 ítems observados de los 687 que tiene el contrato. Se subsanaron los más relevantes, entre ellos el suministro de agua, alcantarillado y el tratamiento para residuos sólidos para que se entregue la obra de manera provisional.
