Las contrataciones directas en las empresas públicas nacionales estratégicas fueron anuladas con la eliminación del artículo 83 de la Norma Básica del Sistema de Administración de Bienes y Servicios. El ministro de Desarrollo Productivo, Óscar Ortiz, informó que la decisión se toma porque este tipo de contrataciones “facilitaban la corrupción”.
“A partir de este decreto todas las empresas públicas nacionales estratégicas deberán sujetarse a las normas generales de administración del sector público, donde hay la licitación, contratación por emergencia, excepción, y solo alguna causal muy bien definida por excepción para realizar contrataciones directas”, explicó.
El artículo 83 anulado, establecía: “Las EPNE de acuerdo a su naturaleza jurídica, en base a su función de producción y generación de excedentes, deberán realizar todos sus procesos de contratación de bienes y servicios de manera directa”.
“Creo que con esto se comienza a desmontar todo ese esquema que facilitaba la corrupción que montó el MAS con más de 100 decretos, haciendo que toda las entidades públicas vuelvan a trabajar sobre la base de que las contrataciones directas deben ser la excepción y no la regla”, insistió.
Una de las últimas denuncias de irregularidades en una contratación directa se dio en la estatal Yacimiento Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). El diputado de Unidad Demócrata (UD) Hugo Sandoval denunció en abril que la firma contrató de manera directa, sin licitación y en plena cuarentena nacional, Seguros Generales (incendio, maquinaria, responsabilidad civil, interrupción de negocios y otros) para el periodo 2020-20121 por $us 7 millones (Bs 49 millones).
La empresa estatal negó la contratación. El ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, dijo en ese entonces que se pidió a la firma estatal retroceder en este contrato. Herland Soliz fue destituido de YPFB en medio de esa denuncia y de la compra de carburantes.
