El juez Anticorrupción N°2, Richard Rodríguez, ordenó la detención domiciliaria y con escoltas para el alcalde José María Leyes, imputado, junto a otros tres funcionarios ediles, por la presunta compra irregular de alimentos para policías y militares durante la cuarentena.
“Rechazo la solicitud de detención preventiva del Ministerio Público. Para asegurar la presencia de los imputados, ordeno que los mismos se defienda en libertad”, resolvió Rodríguez, tras el análisis de la documentación presentada por fiscales y abogados defensores de los funcionarios ediles, durante la audiencia cautelar que extendió por más de 12 horas.
Más cautelados
Con relación a Leyes, “se dispone la detención domiciliaria, con la escolta de seguridad correspondiente, a cargo de la Policía, a cuyo efecto debe notificarse al Comandante de la Policía para que disponga el número de efectivos”, resolvió y aclaró que no existe restricción del derecho al trabajo, que debe ser tramitado ante autoridad judicial.
A solicitud de la Fiscalía, el burgomaestre debe ser monitoreado constantemente por los custodios, ya sea firmando un libro cada dos horas o a través del monitoreo mediante algún medio telemático, a cargo de la Policía. “Si eventualmente no se cuenta con ese sistema, el imputado debe proveer de estos insumos tecnológicos”, ordenó.
También prohibió su salida del país y del departamento, y ordenó la notificación a Migración y al Comando de la Policía. Del mismo modo, tiene prohibida la comunicación con partícipes o eventuales testigos de este proceso.
El alcalde no pudo ser trasladado a su domicilio. Rodríguez, informó que existe una nueva orden de aprehensión en su contra, emitida por la fiscal Sandra Nina, por el presunto delito de portación ilegal de arma.
Arma
Según Nina, el arma hallada entre las pertenencias de Leyes no contaría con registro ni autorización. Fue encontrada durante el allanamiento realizado el miércoles a su vivienda y en su defensa, el alcalde, aseguró que el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, le pidió que la guardara.
En relación a los otros funcionarios, ordenó la libertad irrestricta de Omar Cordero, secretario de Protección al Ciudadano, porque “no se estableció la existencia de ningún peligro procesal”. En tanto, Elías Vásquez, secretario General y Mario Querejazu, Asesor Jurídico de Contrataciones, fueron beneficiados con medidas sustitutivas a la detención preventiva, sin embargo, no pueden comunicarse con partícipes o testigos del caso, no deben abandonar el departamento ni el país, y cada uno debe pagar una fianza de Bs 150.000.
Los cuatro funcionarios fueron aprehendidos la tarde del miércoles, después que los fiscales anticorrupción allanaran sus viviendas. El acto se realizó en el marco de la investigación sobre la presunta compra irregular de 34.890 raciones de comida, a la empresa Bunker Grill & Bar, para policías y militares que trabajaban haciendo cumplir la cuarentena. El contrato se realizó por Bs 448.000.
Denuncia
La denuncia fue realizada el 27 abril, por Edwin Jiménez, concejal del Frente Unico; Carlos Coca, de Demócratas; y Celima Torrico, del Movimiento al Socialismo (MAS). Acusaron al alcalde de la presunta comisión de los delitos de contratos lesivos al Estado e incumplimiento de deberes.
Días antes, los uniformados reclamaran por la entrega de alimentos en mal estado. La información llegó a Murillo, quien pidió a los concejales fiscalizar al alcalde, y si hay irregularidades, denunciar.
En la revisión de los documentos de adjudicación, los concejales observaron que Bunker Grill, contratada por invitación directa, no presentó el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE), requisito para la firma de contratos.
Durante la audiencia, se conoció que el proceso de contratación se hizo el 16 de abril y en dos horas. Según el Ministerio Público, hubo irregularidades como la inexistencia de un documento base de contrataciones, cotizaciones a otras empresas y en tiempo record.
Allanamiento
Del mismo modo, los fiscales informaron que durante el allanamiento a la vivienda de Leyes, encontraron dinero, $US 10.000, Bs 8.000 bolivianos, documentos (entre contratos y otros referidos a la actividad edil), dos teléfonos celulares, uno de ellos con datos borrados y el otro, sumergido en agua, en un lavamanos.
Entre los documentos, también se resaltó el hallazgo de una agenda que contenía un presunto plan de fuga, vía Perú hacia Estados Unidos, donde pediría asilo. El libro, que pertenece al burgomaestre, fue encontrado en su dormitorio.
Seis fiscales anticorrupción, acompañaron la audiencia virtual que inició cerca de las 10.30 de la mañana y culminó pasadas las 22.45 y en medio de cortes intempestivos del servicio de Internet que derivaron en interrupciones de la audiencia.
El representante del Defensor del Pueblo, Nelson Cox, también asistió a la audiencia para precautelar los derechos de los funcionarios ediles. “Acompañamos los reclamos de los imputados y en particular del alcalde, que denunció irregularidades en pasados días y éstas se cometieron ayer con la aprehensión forzada, una situación que estamos constatando”, dijo.
Cox cuestionó el accionar de los fiscales anticorrupción. De acuerdo a la denuncia presentada ante la Defensoría del Pueblo, el operativo fiscal, con acompañamiento de efectivos policiales, fue violento, al extremo que Leyes mostró moretones en los brazos y un examen médico forense, certificó tres días de impedimento.
