Con la reciente supresión de tres ministerios y el cierre de dos embajadas, ha vuelto a debate el alcance y los límites que tiene el gobierno transitorio de la presidenta Jeanine Áñez. La legitimidad de sus decisiones, dado el mandato constitucional que tiene, pero también tomando en cuenta la inédita crisis sanitaria que le tocó enfrentar. Liberar las exportaciones de alimentos, propiciar la producción de alimentos transgénicos en el país, dar un verdadero vuelco en la política exterior, el referido degradamiento de los ministerios de Comunicación, Culturas y Deportes, el silencioso giro que está dando en el ámbito educativo, entre otras medidas, hace preguntarse a la gente cuál verdaderamente es el límite del poder de decisión del Gobierno. Para reflexionar el tema, Animal Político propone volver un tanto a la base jurídica y política del asunto.
Dos abogados constitucionalistas coinciden en un hecho jurídico que ciertamente define el límite de la actual administración: que, en rigor, el alcance de su mandato propiamente no proviene de la Constitución, sino de la Ley 160 Excepcional de Prórroga del Mandato Constitucional de Autoridades Electas, y de la Declaración Constitucional Plurinacional 0001/2020, ambas de enero de 2020.
Para el abogado constitucionalista Iván Lima, si bien la declaración del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) al ampliar el tiempo de mandato de las actuales autoridades electas lo hizo sin determinar una fecha, pues dice “hasta el momento en que se realicen las elecciones y un nuevo gobierno tome el control del país”, aun así con un tiempo de vigencia prolongado, esto no quita la perentoriedad de su mandato, que en cualquier caso tiene el carácter de ser breve, y esto condiciona cualquier decisión que tome. Destaca Lima: “Si estaba previsto que la transición dure 90 días, no parece lógico que en 90 días realice ninguna acción que comprometa al próximo gobierno, eso implica políticas internacionales, políticas públicas, no es propio de un gobierno de transición, no porque esté prohibido, sino porque en 90 días no logras hacer nada, no logras tomar decisiones que puedan representar un cambio trascendental”.
Por el carácter intrínsecamente corto del mandato, el Gobierno no está para “decisiones trascendentales”
En criterio del abogado constitucionalista Carlos Alarcón (que también es parte de la alianza Comunidad Ciudadana, que postula a la presidencia a Carlos Mesa), lo primero que se debe recordar, aunque parezca obvio, es “que este no es un gobierno elegido por el voto popular para un periodo constitucional de cinco años; este es un gobierno que ha ingresado por sucesión constitucional, una situación excepcional, extraordinaria que ha vivido el país”; desde el ámbito político, este es el límite de su legitimidad, de su fuerza de poder.
En su declaración de enero, el TCP, señala Alarcón, lo que hizo fue establecer al menos dos límites: “El TCP les dice a los dos órganos (al Ejecutivo y al Legislativo) que esa prórroga, que tampoco estaba prevista en la Constitución, va a ser válida en la medida en que cumpla dos condiciones: primero, que sea de corta duración, por eso establece que tienen que haber elecciones y posesión de nuevas autoridades este año (2020); y, segundo, que se dedique al objetivo específico que justifica ese exceso de los cinco años: restablecer el normal funcionamiento de los órganos del Estado y de las autoridades públicas a través del proceso electoral, que recién se va a dar en Bolivia el 6 de septiembre”.
CORONAVIRUS. Claro, a ello naturalmente, desde marzo hay que añadir la crisis sanitaria por el coronavirus COVID-19. Esto, sin embargo, recalca Alarcón, no contradice la transitoriedad, acaso la refuerza: “Es una emergencia que igual requiere que el gobierno que esté a cargo, por más transitorio que sea, se haga cargo de atender la urgencia del coronavirus. Entonces, hay dos mandatos únicos para este Gobierno: garantizar elecciones para restablecer el normal funcionamiento de los poderes públicos y, dos, atender la urgencia del coronavirus”.
Pero, con el “pretexto” del coronavirus, remarca Alarcón, “el Gobierno hace cosas que no tienen nada que ver con estos mandatos extraordinarios: hace decretos de transgénicos que no tienen nada que ver, cierra y abre embajadas, establece un plan de 600.000 empleos, cuando eso es imposible que se haga en dos o tres meses que le quedan de mandato; se pone a reestructurar ministerios, y una serie de medidas que exceden claramente el alcance de este mandato de transición, y al hacerlo, incurre en el ejercicio de funciones que no le corresponde”.
La administración incluso se expone a futuras acciones de nulidad de actos, apunta el abogado constitucionalista; específicamente va, dice, contra “el artículo 122 de la Constitución, que dice que son nulos los actos de las autoridades que usurpen funciones o de las que ejerzan aquellas que no emanen de la ley”.
Alarcón concluye en que con decisiones que no corresponden, el Gobierno está incurriendo en dos usurpaciones: “una usurpación de la soberanía del pueblo, porque actúa como si tuviera el voto popular para un periodo normal de cinco años, cuando no tiene ese voto popular, no ha ganado ninguna elección; y usurpa las funciones del gobierno que va surgir de las elecciones del 6 de septiembre, porque a ese gobierno le corresponde, para el periodo 2020-2025, la amplitud de mandato para todos los temas de interés público o nacional del país”.
Esto es lo que “no entiende este Gobierno, que actúa como si tuviera el voto popular y actúa como si tuviera el mandato indefinido, amplio y abierto para todos los temas que se le ocurran”, enfatiza el abogado.
En este aspecto, para Lima hay hasta contradicciones: como se sabe, el Gobierno cesó a todos los embajadores de Bolivia en el mundo; la designación de nuevos embajadores necesariamente debe ser aprobada por el Senado, y hasta donde se conoce no hubo ninguna solicitud de Áñez en este sentido; pero, dadas las cosas, aquí Lima pregunta: “Explíqueme dónde está el derecho de la Canciller y de la Presidenta de crear un embajador plenipotenciario de Ciencia y Tecnología; si es embajador, tenía que pasar por el Senado”.
ESPECIAL. De lado del Gobierno, por el contrario, el énfasis más bien lo pone en lo extraordinario del actual momento, tras la crisis política de octubre-noviembre de 2019 y la crisis sanitaria del COVID-19. Como dijo en este mismo suplemento el alto dirigente de la alianza gubernamental Juntos José Luis Bedregal, que esta definitivamente es una transición especial y que se está teniendo que actuar en consecuencia.
Para el asambleísta departamental Edwin Herrera, miembro de Sol.bo, parte de la alianza Juntos, el alcance de las decisiones que toma la presidenta Áñez, está siendo definido, hasta obligado, por las actuales circunstancias extraordinarias.
“Son las circunstancias que están enmarcando la necesidad de tomar decisiones que corresponde a cualquier gobierno. Es la situación tan atípica que estamos viviendo después (del anterior gobierno) y con el ingreso de la pandemia, lo que está generando estas necesidades en el ámbito sanitario, de salud, en el ámbito económico, y por supuesto también en el ámbito institucional”.
El problema del actual Gobierno, afirma Herrera, es la profundidad y el carácter sistémico de la crisis, lo que requiere como respuesta “decisiones de fondo”, aun cuando no sea normal a un gobierno transitorio:
“Todo tiene que ver con la nueva coyuntura que estamos viviendo a corto plazo. Nadie tenía previsto que íbamos a estar enfrentando una pandemia de las características y dimensiones del coronavirus, y esto por supuesto que ha obligado a tomar decisiones de fondo, porque no solamente estamos hablando de una crisis sanitaria, hablamos de una venidera crisis económica, de una irresuelta crisis política; entonces, estas circunstancias, así sumadas, están determinando que se tengan que tomar decisiones que no estaban previstas, pero que hay que tomarlas, fruto de este panorama tan complicado que tenemos al frente”.
Herrera admite que acaso se están tomando decisiones “que no le corresponden a un gobierno de características transitorias”, que incluso no sean “lo más aconsejable, pero las circunstancias de crisis sanitaria, de crisis económica y de crisis político-institucional están prácticamente obligándonos a tomar decisiones de fondo; lo sabemos, pero que hay que tomarlas en función de lo que supone el cuidado de la salud, de la economía y de la democracia del país. Creo que se confunde un poco la crítica en sentido de que estamos tomando decisiones que no nos corresponde, pero las circunstancias son totalmente sui géneris”.
CANDIDATURA. Pero, lo que vino a complicar el escenario de qué decisiones puede tomar el actual Gobierno transitorio, coinciden el constitucionalista Alarcón y el abogado Luis Vásquez Villamor, es la decisión de Jeanine Áñez de candidatear a la presidencia; aunque es un derecho político legítimo, insiste Lima.
“Empeora la situación, porque contamina el mandato de transición, que es garantizar elecciones limpias y transparentes, porque se genera una desigualdad a favor de la candidatura de la Presidenta; esa desigualdad hace que se contamine el proceso electoral. Pero también se contamina la gestión, porque se empiezan a adoptar justamente políticas que van más allá de la transición para ganar votos en las elecciones”, remarca Alarcón.
Mientras que para Vásquez juega la voluntad política. Siendo que la transición se define como el periodo, precisamente, “para entregar el gobierno al próximo elegido por el pueblo boliviano, y punto, este Gobierno ha cambiado su posición y ya no quiere ser de transición y quiere quedarse en el gobierno, y ahí es donde empiezan todos los males que estamos viviendo ahora; por lo tanto, están haciendo una gestión caótica, incoherente, que a ratos no se sabe si quieren hacer políticas de largo plazo o de mediano plazo; en el fondo, están haciendo aquello que ellos mismos han criticado a Evo Morales; están utilizando el Gobierno para hacer campaña electoral y querer ganar una próxima elección, y con eso el Gobierno de transición se ha desnaturalizado”.
Iván Bustillos es periodista de La Razón
