Ya en abril pasado se confirmó que la transfusión de plasma hiperinmune, es decir, de pacientes que adquirieron el COVID-19, lo superaron y se recuperaron, era eficaz para mejorar el sistema inmune de pacientes en estado grave con esta enfermedad viral y se creó un protocolo de donación, pero desde entonces hasta ahora aparentemente se ha creado un mercado negro de la sustancia.
Durante todo mayo se repitieron tanto las noticias sobre los beneficios de usar el plasma hiperinmune como las que daban cuenta de una creciente demanda de este componente de la sangre humana. Fue mucho menor la información acerca de los requisitos, que hacen difícil encontrar donantes aptos: no tener anemia; pasar por pruebas VIH, Hepatitis B y C, Chagas y Sífilis; no tener ninguna enfermedad contagiosa; contar con las dos pruebas negativas de COVID-19 y haber cumplido 14 días como asintomático después del alta hospitalaria; realizar una nueva prueba de COVID-19, un hemograma y coaguloma; tener entre 18 y 60 años; y no haber recibido transfusiones de sangre antes.
Ambos factores posibilitaron que quienes cumplían las condiciones prefiriesen tratos directos con familiares de personas en estado grave o crítico antes que pasar por el banco de sangre de referencia, donde de todas maneras debe ser extraída la sangre para luego someterla a un tratamiento que separa glóbulos y plaquetas del plasma, que puede almacenarse por muchas semanas y servir a más de un paciente.
Dada la circunstancia, tanto miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional como autoridades del Ejecutivo, comenzando por la Presidenta interina, recordaron a la población que la Ley 1687, de Medicina Transfusional y Bancos de Sangre, del 26 de marzo de 1996 señala que “queda terminantemente prohibida la remuneración o comercialización de sangre humana y sus componentes” bajo amenaza de sanción penal. El Ministro de Gobierno, fiel a su estilo, amenazó a las personas con “hacerles caer la ley” a quienes aprovechan la necesidad de otros.
Asimismo, legisladores de diferentes partidos anunciaron que se está trabajando un proyecto de ley que haga obligatoria la donación de plasma de quienes se han recuperado, citando no solo un deber moral de estas personas, sino sobre todo el hecho de que su recuperación costó recursos públicos. Lo problemático aquí es que siendo parte del cuerpo humano, la sangre debe ser donada voluntariamente, y es obvio que un acto de esta naturaleza no puede ser obligatorio.
La pandemia está revelando, pues, no solo las limitaciones del Estado para lidiar con una emergencia sanitaria de estas proporciones y garantizar derechos humanos, sino también un rostro poco sensible, empático y solidario de una parte de la sociedad, que por una y otra razón siente que su sangre no debe ser entregada a quienes la necesitan, o al menos no de manera gratuita. Los muchos esfuerzos públicos y privados por estimular la donación de plasma deberían ayudar a cambiar esta actitud; ojalá que así sea.
