El Tribunal de Sentencia Primero de La Paz ratificó que el caso Terrorismo llegó a su fin, mediante una declaración de sentencia ejecutoriada. Con esto, culminaron todos los trámites legales y se considera el proceso como “cosa juzgada”.
“El Tribunal de Sentencia Primero del Distrito Judicial de La Paz, en aplicación del artículo 126 del Código de Procedimiento Penal declaró de ejecutoriada la sentencia 01/2020 del 4 de febrero de este año (cuando se dictó sentencia absolutoria en favor de todos los acusados incluyendo a los seis que se sometieron a juicio abreviado)”, se lee en la declaración.
El documento, con fecha del 16 de este mes, indica que “se establece que los sujetos procesales fueron legalmente notificados con la sentencia 01/2020, dentro del presente proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Juan Carlos Guedes Bruno y otros por el delito de Terrorismo y Alzamientos Armados contra la Seguridad y Soberanía del Estado, consiguientemente corresponde ejecutoriar el referido fallo conforme a procedimiento”.
El 4 de febrero de este año el mismo tribunal dictó la sentencia absolutoria en favor de todos los acusados incluyendo a los seis que se sometieron a juicio abreviado. En ese mismo dia se conoció que la Fiscalía General del Estado determinó retirar su acusación en el denominado caso Terrorismo, culminando así un proceso de once años; el Ministerio de Gobierno, a través de su titular Arturo Murillo, también desistió de los cargos.
El caso empezó luego del asalto al hotel Las Américas, en abril de 2009, cuando la policía acusó a un grupo de extranjeros de formar parte de un supuesto plan que tenía como objetivo acabar con la vida del entonces presidente Evo Morales. El proceso se estableció contra 39 personas, incluidos empresarios y líderes cívicos; algunos pasaron cerca de una década en la cárcel, como es el caso de Zvonko Matkovic Ribera, Alcides Mendoza y Juan Carlos Guedes, estos últimos salieron en libertad a finales de 2019.
La declaración de sentencia ejecutoriada está firmada por los jueces Sixto Fernández y Elena Gemio. Ambos magistrados fueron acusados de malversación de fondos, daño económico al Estado y otros delitos por parte de los abogados de los acusados del caso.
