El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, denunció que ciertos grupos, y apuntó otra vez al Movimiento Al Socialismo (MAS), intentan atacar la represa de Misicuni y advirtió que quienes toquen a policías y militares, “se atendrán a las consecuencias”.
“Me parece que están equivocados en la visión que tienen, se les pide que recapaciten. Si tocan a un solo soldado o a un solo policía, después no se quejen de las consecuencias. Queremos mantener en paz la fiesta, queremos llegar a unas elecciones en paz”, dijo la autoridad en conferencia de prensa conjunta con oficiales de las Fuerzas Armadas y de la Policía Boliviana.
“Nos han reportado que quieren atacar la represa de Misicuni y nosotros no lo vamos a permitir”, aseguró.
Murillo apuntó a la gobernadora de Cochabamba, Esther Soria; al Secretario General y a un asambleísta de Quillacollo de impedir que las Fuerzas Armadas resguarden las instalaciones del reservorio de agua. “Quiero decirle a la Gobernadora, nadie tiene por qué pedirle permiso a usted para cuidar los bienes del Estado”, advirtió.
Incluso anunció la apertura de una demanda penal contra el Secretario General. Vamos a presentar una “denuncia penal” por dar “instrucciones para que ponga día y hora para que salgan las Fuerzas Armadas”.
El general Alfredo Cuéllar, del Comando Especial de Operaciones (CEO), denunció que el secretario general de la Gobernación de Cochabamba, “a nombre de la gobernadora”, pidió a las Fuerzas Armadas “abandonar los predios de la represa de Misicuni” hasta el mediodía de este sábado, supuestamente porque, dijo, no concertaron con la administración departamental el resguardo de esas instalaciones.
“No hemos entrado a tomar” el predio, afirmó el jefe castrense.
«Golpe de Estado»
Murillo consideró que esta acción es parte de “un intento de golpe de Estado” propiciado por el expresidente Evo Morales, ahora refugiado en Argentina.
“Sabemos que estamos frente a un golpe de Estado vía Asamblea Legislativa y movimientos subterráneos y narcoterroristas; no lo vamos a permitir, que les quede claro, se”, advirtió.
Durante los últimos días, el Gobierno denunció aprestos “golpistas” de personas que, en su criterio, comenzaron a “volar” antenas de telefonía, “secuestras periodistas” o “bloquear créditos” en la Asamblea Legislativa.
La reacción de la administración de Jeanine Áñez coincide con el debate abierto por las elecciones, cuya ley se resiste a promulgarla. El 9 de junio, la Cámara de Senadores sancionó la Ley 691, que, a propuesta del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y previo consenso con casi todas las fuerzas políticas, fija hasta el 6 de septiembre el plazo para los comicios.
