El ministro de Gobierno, Arturo Murillo Prijic, lanzó a través de su cuenta de Twitter una encuesta para proponer a la población “bloquear los salarios” de los asambleístas “azules”, quienes, en su opinión, impiden la aprobación de créditos para la lucha contra la pandemia. Al contrario, la oposición sugirió una norma de arraigo para los actuales gobernantes aplicable seis meses después de las elecciones.
“La prioridad de los asambleístas ‘azules’ es el boicot y la convulsión, ¿por qué no bloqueamos sus salarios y se usa para lucha con el covid? (sic)”, es la pregunta que formula la autoridad.
De inmediato, el senador Omar Aguilar, del Movimiento Al Socialismo (MAS), respondió que está dispuesto a reducir a cero sus ingresos como asambleísta nacional si es que las autoridades del Órgano Ejecutivo hacen lo propio, para destinar esos recursos a evitar la propagación del coronavirus entre los bolivianos.
Condicionó, además, esta decisión a que se apruebe una disposición legal que ordene el arraigo preventivo de los administradores transitorios de la cosa pública para evitar que después del 6 de septiembre, fecha establecida para la realización de los comicios generales en el país, no se den a la fuga.
La presidenta de la Cámara de Senadores y a su vez titular de la Asamblea Legislativa, Evo Copa (MAS), coincidió con su colega y recordó que los senadores y diputados fueron elegidos por voto popular. Al contrario, pidió al Gobierno a aprobar la reducción de salarios «a cero» para los órganos Ejecutivo y Legislativo.
Condicionamiento
El viernes 17 de julio, la presidenta de la Comisión de Planificación de la Cámara de Diputados, Otilia Choque (MAS), denunció que la concesión de un financiamiento de $us 327 millones, desembolsado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), está sujeto a una devaluación futura del boliviano, condición que está contenida —aseguró— en la carta de intenciones suscrita por representantes del Gobierno transitorio y ejecutivos de ese organismo.
Las condiciones para la concesión de ese préstamo establecen su devolución en cinco años, con tres años y medio de gracia, periodo durante el que solamente se devolverá los intereses y se dispondrá de un año y medio para pagar el capital.
Un día después, el ministro de Desarrollo Productivo, Óscar Ortiz, afirmó que “se requiere financiamientos extraordinarios y (el crédito del FMI) no están sujetos a ninguna condición, un Estado que difirió el cobro de impuestos requiere financiar su funcionamiento en condiciones blandas para el país. Estos recursos y estas leyes se necesitan con carácter de urgencia”.
Otra finalidad
Sin embargo, entrevistado por radio San Gabriel el domingo 28 de junio, el candidato presidencial del MAS, Luis Alberto Arce, aseguró que “nuevamente nos han mentido porque las autoridades de Gobierno dijeron que querían utilizar supuestamente la plata (el crédito de 327 millones de dólares) para enfrentar el coronavirus, pero cuando uno observa el decreto supremo se evidencia que no había sido cierto eso, porque la plata que se va a recibir del FMI irá a reforzar el déficit fiscal y la balanza de pagos”.
El Decreto Supremo 4277, aprobado por el gabinete ministerial dos días antes de esa entrevista, establece que el apoyo presupuestario para el Tesoro General de la Nación será destinado “para cubrir las urgentes necesidades fiscales y de balanza de pagos, asociadas con el aumento del gasto en salud y el deterioro de los términos de intercambio, producto del brote del coronavirus (COVID-19)”.
(O2/07/20202)
