El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, aseguró que colaborará en la investigación fiscal en su contra y del ministro de Defensa, Luis Fernando López, por el supuesto sobreprecio en la compra de gases lacrimógenos. Se destinó $us 5,6 millones a la adquisición del equipamiento antomitines.
“Me parece muy bien, es lo correcto, la Fiscalía tiene que hacer sus investigaciones y yo estoy para explicar lo que quieran que explique. No tengo ningún problema de acudir a ninguna parte. Cuando uno nada tiene, nada teme”, aseguró.
Siete legisladores del Movimiento Al Socialismo (MAS) presentaron la denuncia admitida el 8 de junio, tras lo cual se conformó una comisión de fiscales. Los delitos que se investigan son incumplimiento de deberes y contratos lesivos al Estado, entre otros.
“(Presentaré) lo que me pida el Ministerio Público, tenemos toda la documentación en orden. El Ministerio de Defensa (ni el que está a mi cargo), no tenemos nada, no tenemos ningún problema de acudir a ninguna parte”, aseguró.
Según la denuncia, el Gobierno pagó $us 5,6 millones por cartuchos de gases lacrimógenos adquiridos a través de la intermediación de la empresa Bravo Tactical os Solutions LCC, con sede en Estados Unidos, después de suspenderse la compra directa con la firma brasileña Cóndor. La firma del contrato fue en diciembre de 2019. Justamente se cuestiona que se haya recurrido a un intermediario, que incnrementó el costo, cuando inicialmente se estaba optando por la compra directa.
En varias ocasiones, Murillo y López descartaron cualquier irregularidad, pusieron en duda la veracidad de la denuncia y cuestionaron que se haga una comparación con una adquisición similar venezolana.
La querella señala que el Gobierno pagó Bs 270 por cada unidad de proyectiles de larga distancia y Bs 250 por unidad de proyectiles de triple acción. En cada caso se demandó la dotación de 50.000 unidades.
(24/06/2020)
