Varias organizaciones e instituciones del Chaco de Tarija advirtieron al Gobierno que tomarán medidas de presión si no retrocede en su decisión de utilizar los Bs 13.880 millones para la construcción de la Planta de Propileno y Polipropileno en el Programa Nacional de Reactivación de Empleo. Exigieron al Legislativo rechazar la ley que busca esa transferencia.
Mediante un pronunciamiento público denominado “En defensa de la petroquímica del Gran Chaco”, las diferentes organizaciones expresaron su rechazo a la medida anunciada el miércoles por el ministro de Desarrollo Productivo, Oscar Ortiz, ya que implicaría dejar de lado la construcción de la planta de plásticos.
El quinto punto del documento señala: “en caso de persistir en su intención de afectar estos recursos tomaremos medidas y acciones extremas en defensa de los altos intereses de la patria y de la región chaqueña. Y, de no responder al presente manifiesto, nos reservaremos el derecho de tomar medidas inmediatas”.
El pronunciamiento lo firman el Comité Cívico del Distrito 1 de Yacuiba; la Asociación de Transporte Público Mixto El Fronterizo; la Asociación de Bagalleros Gran Chaco; el alcalde de Yacuiba, Ramiro Vallejos; la vicepresidente de la Asamblea Regional del Chaco, María Rene Barrios, entre otros.
En otro de los puntos del documento se exige a la Asamblea Legislativa Plurinacional rechazar el proyecto de ley de traspaso de recursos para la planta. Una ley debe viabilizar un uso diferentes del dinero que está en cuentas del Banco Central de Bolivia.
El dinero proviene de un crédito concedido por el Banco Central de Bolivia (BCB) a la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en 2016 para la industria petroquímica. En 2017 fue anulada la adjudicación del proyecto a la firma italiana Tecnimot por errores administrativos y desde entonces estuvo congelada. (25/06/2020)
