Ante la presión de cívicos cruceños y plataformas políticas, el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, respondió este martes que no renunciará a su cargo y calificó la movilización en su contra como política. Además, afirmó que teme por su vida, por lo cual recurrió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tras ser declarado “perseguido político”.
“No renunciaré”, esa fue la respuesta tajante de la autoridad, según un reporte del periodista Iván Ramos en su cuenta de Twitter. “Nosotros respetamos la libertad de expresión, pero no compartimos sus métodos, quieren crear violencia, los cívicos tienen un afán político y desconocen la ley”, complementó, en una conferencia de prensa realizada en Sucre.
La anterior semana, el secretario general de la Fiscalía General, Edwin Quispe, condenó el hostigamiento a Lanchipa, por parte de plataformas políticas e integrantes del Comité Cívico pro Santa Cruz que llegaron a Sucre para presentar una denuncia contra la autoridad, a la que acusan de “proteger” al expresidente Evo Morales y de manipulación de la Justicia.
Bajo la batuta del presidente cívico cruceño, Rómulo Calvo, quien tiene en la mira a Lanchipa desde que le abrieron dos investigaciones, una de ellas por racismo tras llamar “bestias humanas” a quienes se movilizaron contra la suspensión de las elecciones del 6 de septiembre al 18 de octubre, un grupo de personas se instaló en la capital incluso para pedir su dimisión.
Los opositores al Fiscal General lo acusan de actos de corrupción y de “socapar” a Morales y sus bases, sobre todo al sindicarlos de haber dirigido las protestas contra la decisión del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de posponer los comicios, lo cual evitó la normal provisión de insumos para atender a pacientes por COVID-19. Exigen la apertura de procesos.
Quispe indicó que estas personas tienen fines desestabilizadores y su objetivo es presentar denuncias sin sustento contra la autoridad judicial. Añadió que estas actitudes corresponden a grupos radicales antidemocráticos que solo pretenden generar caos y dudas en la población sobre esta institución y sus autoridades que se encuentra legalmente constituidas.
“Hemos tenido conocimiento de la presentación de estas presuntas denuncias en contra del Fiscal General, se nota el interés de amedrentar y perseguir al mismo, no entendemos cuál es el afán proselitista más que legal, por parte de estos representantes cívicos de la ciudad de Santa Cruz que al parecer no tienen otra tarea más que hostigar la gestión del Fiscal General”.
Anteriormente, Lanchipa ganó una acción de libertad que presentó contra una denuncia sobre una supuesta manipulación informática. El Juzgado Segundo de Instrucción en lo Penal de El Alto dictó el archivo de obrados y que el caso pase a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), después de declarar al Fiscal General un “perseguido político”.
Ello fue un revés para el gobierno transitorio de Jeanine Áñez, que se sumó a la demanda después de acusar Lanchipa de cometer irregularidades, entre ellas haber permitido una supuesta manipulación informática en 2018 para postularse al cargo que ocupa actualmente, cuando inicialmente fue inhabilitado porque tenía una imputación formal en su contra.
(08/09/2020)
