La pulseta entre poderes no cesa. Este viernes, el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, anunció que la presidenta transitoria, Jeanine Áñez, remitió en consulta al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), la ley que dicta el “arraigo” de todas las altas autoridades públicas hasta tres meses después de haber culminado su gestión o haber sido destituidas, que fue sancionada por la Asamblea Legislativa y espera la promulgación de la Mandataria.
“El #MAS en la #ALP mantiene el afán de bloqueo y vulneración de #DerechosHumanos. Ante ello, la Pdta @JeanineAnez remitió al #TCP la consulta sobre el proyecto de ‘Ley de permanencia obligatoria, en territorio nacional, de autoridades’ Ésa es una propuesta política y revanchista”, escribió la autoridad gubernamental en su cuenta de Twitter.
A fines de agosto, el Legislativo sancionó la norma y la envió al Ejecutivo. Entonces, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Choque, del opositor Movimiento Al Socialismo (MAS), aclaró que con la aprobación de este cuerpo legal se apunta a precautelar los intereses económicos del país, para que los funcionarios rindan cuentas de sus gestiones ante sus sucesores y otras instancias.
“Hemos visto durante esta gestión de nuevo u ocho meses que algunos funcionarios, no voy a decir todos, han huido del país llevándose grandes cantidades de dinero; eso ya no podemos permitir las autoridades que aún estamos en vigencia”, remarcó el diputado, quien informó que la Dirección de Migración será clave para que se pueda aplicar esta normativa.
La ley incluye a los altos cargos de los cuatro órgano del Estado, léase Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral. Asimismo, se ratifica que en caso de que las autoridades salientes incumplan este “arraigo”, se les entablará los respectivos procesos penales.
El documento aprobado señala que el objeto de la ley “es establecer la obligación de permanecer en el territorio nacional por el lapso de tres meses de haber cesado el mandato o ser destituido la o el Presidente, Vicepresidente, Ministros de Estado, Gobernadores, Alcaldes, las Directivas y Oficialías Mayores de la Asamblea Plurinacional, Asambleas Legislativas Departamentales, Concejos Municipales y Máximas Autoridades Ejecutivas de las empresas e instituciones públicas, mixtas y privadas que administren recursos fiscales, a efectos de rendir los informes que se requieran a las autoridades entrantes, en el marco de la transparencia y precautelando los intereses del Estado”.
El oficialismo en el Legislativo calificó a la norma como inconstitucional, al atentar contra la presunción de inocencia y la libre locomoción, y culpó al MAS de aprobarla con fines netamente político partidarios. La canciller Karen Longaric la tildó como un “absurdo jurídico”.
Sin embargo, mediante tres tuits publicados el 26 de agosto, la Misión en Bolivia de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) cuestionó la normativa, pues, en su criterio, transgrede “estándares internacionales de derechos humanos”.
(11709/2020)
