El ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, salió en defensa del Ejecutivo ante el informe de Human Rights Watch (HRW) publicado este viernes, en el cual acusa al gobierno de Jeanine Áñez de abusar del sistema de justicia para perseguir a Evo Morales y sus partidarios. La autoridad negó cualquier persecución política contra el expresidente y más bien acusó al MAS de tener cooptado al Órgano Judicial.
La organización defensora de Derechos Humanos publicó el documento La justicia como arma: Persecución política en Bolivia, en el que cual señala también que los cargos por terrorismo contra el líder del Movimiento Al Socialismo (MAS) parecen responder a motivaciones políticas, por lo que pide retirarlos.
Ante ello, el ministro Núñez salió a dar la posición gubernamental en una conferencia. Dejó en claro que la Mandataria no tiene ninguna injerencia sobre el Órgano Judicial, ni la Fiscalía General del Estado. Indicó que más bien el opositor Movimiento Al Socialismo (MAS), durante el mandato de Morales (2006-2019), preseleccionó a todas las autoridades judiciales y de la Fiscalía General del Estado. “Todo el sistema judicial está cooptado por el MAS y es un contrasentido decir que el actual Gobierno los usa como arma de persecución”.
Sobre el proceso por terrorismo contra Morales, que tiene como principal y única prueba una llamada telefónica de Morales a un partidario en los conflictos poselectorales de noviembre de 2019, según HRW, Núñez dijo que el “deber” del Ejecutivo es “denunciar un acto ilegal. La denuncia fue presentada porque el pueblo boliviano fue testigo de cómo se convulsionó el país. Morales ordenó cercar ciudades y no dejar pasar alimentos, todo por su afán de poder. Los abogados sustentaron la acusación por terrorismo y deberá ser analizada por las autoridades competentes”.
Eso sí, el ministro remarcó que el informe muestra cómo el mandato de Morales, quien tiene refugio político en Argentina, debilitó el sistema de justicia y no respetó el voto de octubre de 2019, cuando hubo denuncias de un fraude impulsado por su gobierno. Y lo acusó de sembrar pánico en la crisis poselectoral.
El informe de HRW analiza casos de “persecución” contra colaboradores y partidarios de Morales, como la de su exjefa de Gabinete Patricia Hermosa, sindicada por los delitos de terrorismo, financiamiento del terrorismo y sedición, “exclusivamente en base al contacto telefónico que mantuvo con Morales después de que este renunciara. La detuvieron el 31 de enero de 2020 y estuvo en detención preventiva hasta el 5 de agosto sin acceso a atención médica, pese a estar embarazada. En marzo, tuvo un aborto espontáneo”.
A la par, el documento señala que en el gobierno del líder del MAS se llevó a cabo también persecución contra opositores. Sin embargo, se centra más en los acontecimientos que se dieron tras la renuncia de Morales, el 10 de noviembre de 2019, asfixiado por las protestas cívicas, un motín policial, la sugerencia de las Fuerzas Armadas para que tome esa decisión, y un informe preliminar de la Organización de Estados Americanos (OEA) que alimentó la teoría del fraude.
El texto de 53 páginas documenta casos promovidos con “cargos desproporcionados o infundados, violaciones del debido proceso, cercenamiento de la libertad de expresión y uso excesivo y arbitrario de la detención preventiva”, en la gestión transitoria de Áñez, según una nota de prensa de la organización.
“Los fiscales pueden y deben investigar, si tienen información creíble, un delito cometido por quien sea, incluyendo altos exfuncionarios públicos”, afirmó José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW. “Sin embargo, es crucial que la Fiscalía y los jueces actúen de manera independiente, respeten los derechos fundamentales y no sean una herramienta para perseguir a opositores políticos del gobierno de turno”.
(11/09/2020)
