“Mi compromiso es devolver la democracia y tranquilidad al país”. Éstas fueron las promesas, con la Biblia en la mano, de Jeanine Áñez minutos después de asumir el mando de la nación sin que la Asamblea Legislativa aprobara antes la renuncia del presidente y vicepresidente del país, Evo Morales y Álvaro García, un paso que exige la Constitución.
Ultrarreligiosa ella, el primer paso que dio su gestión para lo que después bautizó como “pacificación” fue reprimir con las fuerzas del Estado movilizaciones en El Alto, Sacaba, Betanzos y Yapacaní, lo que se saldó con más de una treintena de fallecidos, 26 de ellos por armas de fuego de uso militar, según el informe de la Asamblea Legislativa, en el cual se recomienda iniciar un juicio de responsabilidades a la Presidenta interina y a su primer gabinete por una diversidad de delitos, entre ellos, genocidio.
Para allanar las acciones militares, Áñez firmó el 14 de noviembre el Decreto 4078, por el cual se eximía de responsabilidad penal al personal de las Fuerzas Armadas en las acciones de represión de protestas sociales.
Ante la persistente presión internacional contra la vigencia de la referida norma, la mandataria se vio obligada a derogarla.
Con la pandemia —cuyo devastador paso en Bolivia ha dejado más de 8.700 muertos y con un subregistro que supera los 20.000— se descubrió que en su gobierno se compró con sobreprecio en España respiradores para pacientes con coronavirus.
El exgerente de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel) Elio Montes está acusado de conducta antieconómica, mientras que el expresidente de estatal petrolera Herland Soliz es investigado por presuntas irregularidades en millonarias contrataciones realizadas durante la cuarentena.
A esos casos se agrega, entre otros, la venta de cargos e irregulares compras en la Dirección General de Aeronáutica Civil.
(02/11/20)
