La Comisión Especial del Legislativo concluyó la investigación del caso respiradores sin la versión del Gobierno y estableciendo “actos de corrupción flagrantes”. La pesquisa no solo abarcó el caso de los respiradores españoles, sino también los de procedencia china y la problemática de la falta de oxígeno, que fue atribuida a la falta de previsión y no a los bloqueos.
Esa son las conclusiones generales a las que arribaron los miembros de la comisión presidida por el senador del MAS Ciro Zabala. “Concluimos y demostramos que se cometieron muchas vulneraciones de la ley y además fueron apañadas por alteraciones en los precios y en los procesos, lo que lleva a actos de corrupción flagrantes que son muy claros”, anticipó.
Investigaron los casos Respiradores I, vinculado a la denuncia de adquisición de 170 respiradores españoles con sobreprecio, Respiradores II, relacionado a la compra de 324 equipos chinos que presentaron fallas; el problema de la falta de oxígeno, la provisión de insumos y equipos para la Caja Nacional de Salud y la compra y distribución de material e insumos a nombre de la pandemia de funcionarios subalternos de varias carteras de Estado.
“Ni una sola persona en función de Gobierno quiso venir a rendir sus declaraciones”, lamentó el legislador, quien dijo que declararon Fernando Humerez, conocido como el testigo clave y que pasó a ser acusado y detenido en la cárcel, y Fernando Valenzuela, exdirector Jurídico del Ministerio de Salud.
La Fiscalía inició una investigación. El exministro de Salud Marcelo Navajas fue involucrado y se benefició con detención domiciliaria. Por los respiradores españoles se pagaron $us 27.683 cuando su costo por unidad era de $us 8.000. Fueron fabricados por la empresa Respira y comprados a través de la intermediaria IME Consulting Global Services S.L.
Para la Comisión, integrada por una mayoría de legisladores del MAS, la falta de oxígeno medicinal no fue por el bloqueo de 12 días en demanda de adelantar las elecciones, sino por una falta de previsión.
El conflicto fue por la falta de previsión pero “fue utilizado en una forma que no corresponde ya que fueron otros los problemas y no el bloqueo como se hizo aparentar”, sostuvo respecto al problema que, según el Gobierno, derivó en la muerte de más de 30 personas.
La administración de Jeanine Áñez presentó una denuncia contra el expresidente Evo Morales y el dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Guarachi, por delitos de lesa humanidad al relacionarlos con el bloque de caminos y sus efectos en la provisión de oxígeno para pacientes críticos.
Zabala informó que el informe será presentado al plenario en próximos días con la solicitud de aprobación.
(16/09/2020)
