En declaraciones a La Razón, el procurador general del Estado, José María Cabrera, reveló que hasta este viernes no se conoce el texto del decreto supremo por el cual se devolvería las acciones de la Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica Cochabamba (Elfec) expropiadas en 2010 a sus socios privados.
Al calificar la medida de una afectación al patrimonio estatal, el funcionario reveló que el trámite fue impulsado por el ministro de Gobierno, Arturo Murillo.
“Hasta el día de hoy, pese al anuncio (de dicha devolución), nadie conoce el texto del supuesto decreto supremo”, señaló Cabrera.
El lunes 14, en el aniversario de Cochabamba, la presidenta interina Jeanine Añez dijo en esa ciudad que la norma está siendo elaborada por el Ministerio de Energías.
En declaración al periódico Los Tiempos de Cochabamba, también este viernes, el gerente de Elfec, Jaime Doria Medina Claros, aclaró que aún espera el decreto y su reglamentación. “No tengo otra información a la que ha dado la Presidenta”, dijo.
Para el procurador Cabrera, la demora no se debe solo a un trámite administrativo; sino que existe el impedimento legal y económico de fondo que implica la reversión de una estatización o nacionalización efectuada hace diez años.
El funcionario señaló que la medida fue objetada hace tiempo por la Procuraduría General del Estado en las reuniones técnicas que se llevan adelante para aprobar un decreto.
Se cuestionó, dice, que se haya actuado omitiendo varios procedimientos legales, imprescindibles dada la magnitud del caso, pero además, se reclamó que fuera el ministro Murillo, que no es del área, quien haya sido el protagonista de dicha iniciativa.
“La Procuraduría formuló la omisión de muchos procedimientos. ¿Por qué un ministro que no es del ramo, como es el ministro de Gobierno, está planteando una iniciativa en el área energética, saltando y prescindiendo del Ministerio de Energía? No se cuentan con los trámites más elementales, como informes jurídicos y técnicos que respalden y avalen esa determinación. Se aplicó un procedimiento llamado ‘procedimiento rápido’, que es destinado a otras cosas mucho más sencillas, en el caso de ENDE es un caso que amerita el tratamiento por la vía ordinaria de un decreto supremo. Estos son aspectos de forma que nunca fueron aclarados ni contestados”, destacó Cabrera a este medio.
Pero el procurador insiste también sobre las consecuencias económicas que implica esta “privatización” del patrimonio estatal.
“Y finalmente, ya de fondo, es la afectación del patrimonio del pueblo boliviano. Usted sabe que ENDE es una empresa nacional estratégica, de manera que la iniciativa de retrotraer una nacionalización y volver nuevamente a manos privadas amerita una tramitación transparente, y no disimulada, disfrazada”, afirmó.
Para Cabrera, la situación es incierta, pues —asegura— en el propio gabinete de ministros existe una desazón sobre la viabilidad y pertinencia de la medida:
“Ningún ministro de Estado del gabinete se anima a firmar ello porque están conscientes de los graves daños económicos al Estado boliviano que ocasionaría esta medida; hasta el día de hoy, reitero, no existe el texto del decreto supremo”, destacó.
Cabrera afirmó que el ministro Murillo está “furioso” contra él por esta su oposición a la devolución de las acciones de Elfec a privados.
“Es de mi preocupación y de interés nacional es que existan autoridades que pretendan actuar por encima de la Constitución y la ley, como es el ministro Arturo Murillo, y además con graves daños a intereses nacionales”, concluyó la autoridad.
El jueves, desde la cuenta oficial de Twitter de la Procuraduría General del Estado, se informó que el procurador Cabrera está “a punto de ser destituido por oponerse a la privatización de ENDE y por caso de gases lacrimógenos”.
“Para José María Cabrera devolver acciones a ELFEC no es más que una privatización que atentaría contra los intereses del Estado”, se develó.
(18/09/2020)
