A través de una carta dirigida a la presidenta Jaenine Áñez, a quien cita como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, la Defensoría del Pueblo pidió a la mandataria un informa sobre la veracidad o no de información que devela la desaparición de armas.
Con el argumento de los artículos 222 y 223 de la Constitución Política del Estado, la entidad solicitó la mandataria confirmar la veracidad de unos fax que señalan “la pérdida de armamento” de la Escuela Naval Militar “Eduardo Abaroa Hidalgo”.
Además, pide saber “qué acciones ha asumido su autoridad ante la gravedad de esta denuncia” y “en caso de confirmarse este hecho irregular, remitir lista detallada del armamento perdido”.
La Defensoría del Pueblo otorgó un plazo de 24 horas, a partir de este miércoles, para el cumplimiento del requerimiento.
En las últimas horas, en las redes sociales fueron divulgadas dos fax presuntamente oficiales sobre el caso. El primero está firmado por el almirante Francis Efraín Franck Salazar, del Comando de la Armada Boliviana, y dirigido a “E. N. M.”, la Escuela Naval Militar “Eduardo Abaroa Hidalgo”.
En el texto del 2 de octubre, “en atención a parte verbal”, el jefe militar pide a un capitán elevar en el día “un informe pormenorizado” sobre la pérdida de armamento en esa institución de formación militar que hizo referencia la Defensoría del Pueblo.
En el segundo fax, el almirante Franck Salazar insiste con la remisión del informe por parte del capitán, a quien le recuerda que la pérdida o robo de armamento se encuentra tipificado en el Código Penal Militar, artículos 221 y 222.
La Razón no pudo corroborar la autenticidad de esos documentos.
El caso coincide con las denuncias de compra de armamento militar, de la que el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, dijo que el lunes que la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas tienen todo el derecho de hacerlo.
(08/10/2020)
