Antonio Gramsci dijo alguna vez: “El viejo mundo se muere. El nuevo tarda en aparecer. Y en ese claroscuro surgen los monstruos”. Si hacemos la analogía de que el liberalismo implementado en Bolivia en el periodo 1985-2005 representa lo viejo, el de economía mixta de los años 2006-2019, lo nuevo, y el claroscuro, el periodo transitorio presente, podemos plantear la hipótesis de que en las próximas elecciones solo se encuentran dos posibilidades en juego: 1) restaurar lo viejo (la democracia pactada y las privatizaciones) o 2) reencaminar lo nuevo (la profundización de la democracia y el protagonismo estatal). Bajo esta abstracción, la primera opción, al estar en la ruta contraria al devenir de las conquistas sociales, solo retrasa la consolidación de lo verdaderamente nuevo y se convierte en algo así como un tapón histórico al progreso del país.
Bolivia atraviesa por tres grandes problemas: una fuerte contracción económica, una crisis sanitaria y una crisis política derivada de un empate persistente entre las fuerzas políticas; esto último pretende ser destrabado a través de las elecciones.
En tal sentido, también existen dos grandes posturas sobre qué políticas económicas se deben aplicar en el futuro para superar la crisis general, es más, qué modelo de desarrollo está en juego en las próximas elecciones: 1) ¿Se aplicarán políticas económicas neoliberales bajo el nombre de “modelo alternativo de desarrollo”? o 2) ¿Se profundizarán políticas distributivas y de industrialización bajo el nombre de “modelo de desarrollo pluri/nacional productivo”?
En términos generales el “modelo alternativo de desarrollo”, propone un crecimiento sostenible que no sea dependiente de los recursos naturales. Es decir, el Estado solo se ocuparía de las grandes explotaciones de recursos naturales; la producción y el comercio estarían a cargo de empresas privadas. La industrialización que se plantea se basa en la exportación de partes industriales a precios competitivos. Respecto a la política monetaria, una inflación menor al diez por ciento y una devaluación lenta para luego mantener un tipo de cambio móvil.
Lo primordial para alcanzar dichos objetivos sería un recambio institucional, que pondere la meritocracia a través de equipos de dirección de alto nivel y la reducción de cargos en toda la administración pública. Todo acompañado de una reforma del Estado donde todos los niveles de gobierno se financien primordialmente con impuestos propios. Los ingresos públicos provenientes de la explotación de recursos naturales serían dedicados exclusivamente a proyectos de infraestructura. Respecto a la educación y salud, se garantizaría un mínimo equivalente para todos los ciudadanos.
Por su lado, el “modelo de desarrollo pluri/nacional productivo” propone un desarrollo integral con respeto al medio ambiente, donde el Estado juega un rol protagónico en la economía. Habiendo pasado por tres fases: la nacionalizaron de los recursos naturales y las empresas estratégicas, la redistribución equitativa de la riqueza, y la industrialización inicial de los recursos naturales (hidrocarburos, minerales y litio); se plantea consolidar la industrialización e incursionar en nuevas industrias. El afianzamiento de los derechos ciudadanos con una educación y salud de calidad, infraestructura y servicios universales.
Para alcanzar los objetivos se prevé una baja inflación y el control sobre la misma como base para reactivar el crecimiento económico. Respecto a la política cambiaria, mantener un régimen de tipo de cambio deslizante para que sirva para anclar y mantener el control de la inflación.
Como política fiscal, el incluir subsidios a los sectores menos favorecidos, con el objetivo de mejorar el consumo doméstico y la inversión del sector industrial.
Los modelos de desarrollo económicos descritos son sustancialmente distintos: el primero responde a una restauración neoclásica, es decir, a la búsqueda de un crecimiento sostenible a través de la oferta agregada, la institucionalidad meritocrática a favor de una élite, sin importar las grandes desigualdades económicas y exclusión que generan. Incluye también la privatización o liquidación de empresas públicas medianas y pequeñas, la paralización de proyectos nacionales de industrialización, la reactivación económica con devaluaciones de la moneda y presiones inflacionarias, con créditos subsidiados y ventajas tributarias para los sectores industriales privados y la banca.
El segundo modelo, al contrario, responde a una variante keynesina, es decir, busca el crecimiento a través de la demanda agregada, la activa participación del Estado en la economía, la distribución de los excedentes económicos y la inclusión de los sectores históricamente excluidos, la reactivación de la economía sin afectar el tipo de cambio y el mantenimiento de niveles bajos de inflación, y principalmente la profundización de la industrialización de los sectores estratégicos.
Podemos concluir en que la crisis política vivida en las últimas semanas nos muestra que un pueblo entero no se puede equivocar, que las movilizaciones son legítimas y que solo el camino democrático puede resolver nuestras contradicciones. Por su parte, la crisis sanitaria por la pandemia nos enseña que solo desde el Estado es posible hacerle frente y que para ello en el futuro se debe invertir en fortalecer un sistema de salud público con infraestructura adecuada, recursos humanos capacitados y con vocación de servicio.
Finalmente, nos encontramos en la disyuntiva de retrasar el desarrollo del país volviendo a implementar políticas liberales que tienen tibios resultados en crecimiento y generan grandes desigualdades económicas en la sociedad; o reconducir políticas propias que en nuestro contexto han tenido resultados demostrables en crecimiento, redistribución e inclusión social. Y, sobre todo la consolidación simbólica de un proyecto de desarrollo basado en la esencia pluri/nacional popular del país.
(*) Luis Paz Ybarnegaray es máster en Estudios Latinoamericanos
