Esta entrevista se la hizo una hora antes de que el procurador general del Estado, José María Cabrera Dalence, se enterase de que había sido destituido.
Como él mismo adelantara, el directo responsable de su alejamiento sería el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, por dos casos puntuales. El ministro andaba “furioso”, dice Cabrera Dalence, con el Procurador tanto por la oposición que éste tuvo a la forma en que Murillo impulsó la “privatización” de parte de ENDE, como por la investigación que llevaba adelante la Procuraduría sobre la compra con supuesto sobreprecio de gases lacrimógenos en noviembre-diciembre de 2019, caso en que Murillo es uno de los principales señalados. Acaso lo que más le preocupa al ahora exprocurador es lo de ENDE: la forma en que se está procediendo, a impulso del ministro Murillo, puede repercutir contra Bolivia en todos los juicios que el Estado tiene contra privados por las nacionalizaciones.
—¿De cuándo vienen sus observaciones a la devolución a privados de acciones de ENDE?
—Las observaciones que el Procurador plantea en el caso de la afectación de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) son de puro derecho, aspectos objetivos que establece la ley. Hay dos observaciones que planteamos en la reunión de UDAPE, la unidad técnica previa a las discusiones finales en gabinete. Observamos la omisión de muchos procedimientos. ¿Por qué un ministro que no es del ramo, el ministro de Gobierno, está planteando una iniciativa en el área energética, saltando y prescindiendo del Ministerio de Energía? Aquí, no se cuentan con los trámites más elementales, como informes jurídcos y técnicos que respalden y avalen esa iniciativa. Se aplicó el llamado ‘procedimiento rápido’, que es para otras cosas mucho más sencillas; en lo de ENDE, es un caso que amerita el tratamiento por la vía ordinaria de un decreto supremo. Éstos son aspectos de forma que nunca fueron aclarados ni contestados.
—Un tema de procedimiento.
—Ya en el fondo, es la afectación del patrimonio del pueblo boliviano. Usted sabe que ENDE es una empresa nacional estratégica, de modo que retrotraer una nacionalización efectuada hace diez años y volver a manos privadas lo que hoy es de propiedad del pueblo de Bolivia amerita una tramitación transparente, y no disimulada ni disfrazada. Ahora, hacerlo con un argumento tan simple como indicar que fue ilegal o abusiva esa nacionalización, es totalmente contrario a derecho. De acuerdo a nuestra Constitución y leyes, quien declara y dice qué cosa es legal y qué cosa es ilegal, solamente es un juez. El Órgano Ejecutivo no tiene competencia para declarar lo que es legal y lo que es ilegal.
—¿Qué consecuencias puede tener esto de devolver a privados algo estatal?
—Actualmente el Estado boliviano tiene cuatro juicios de arbitraje internacional por otras nacionalizaciones, y si hoy el propio Gobierno de Bolivia está afirmando que simple y llanamente la decisión del Estado de hacer una nacionalización es un acto de ilegalidad, automáticamente esta declaración va a ser utilizada contra el país en esos cuatro juicios arbitrales, que son por la suma de más de dos mil millones de dólares. Y, además, puede tener un efecto dominó: hay otras empresas que están en ciernes de iniciar juicios arbitrales por lo mismo. De manera que esta decisión no puede tornarse de manera precipitada.
—Murillo se le puso al frente.
—Esos dos aspectos desencadenaron la furia del ministro de Gobierno, Arturo Murillo, que fue el propulsor de esta iniciativa de decreto rápido y que incluso se anticipó a declararlo en la efeméride cochabambina el 14 de septiembre.
Y le preciso yo: hasta el día de hoy (viernes 18), pese al anuncio, nadie conoce el texto del supuesto decreto supremo; ningún ministro del gabinete se anima a firmar ello porque están conscientes de los graves daños económicos al Estado boliviano que ocasionaría esta medida.
—El jueves usted fue a la Asamblea a informar lo de los gases lacrimógenos. Dijo que el ministro Murillo no le informó nada, como sí lo hizo el de Defensa.
—Así es, la gota que rebasó el vaso del ministro Arturo Murillo fue el cumplimiento de otro deber constitucional por parte del Procurador. Ante la Comisión Mixta de la Asamblea que investiga el caso de corrupción en la compra de gases lacrimógenos, expresé que el 24 de junio inicié esta misma investigación dirigiendo un requerimiento procuradurial al ministro de Defensa, Fernando López, y al ministro de Gobierno, Arturo Murillo. Cuando la Constitución, en su artículo 231 dispone que ninguna autoridad puede negar la documentación que la Procuraduría le exija, el Ministro de Gobierno, a más de cuatro meses de nuestro requerimiento, no ha presentado ni un solo papel; a diferencia del Ministro de Defensa, que presentó abundante documentación. Murillo no está por encima de la Constitución y la ley; si no cumple, comete el delito de impedir y estorbar el ejercicio de funciones públicas, el de obstaculizar la justicia y el incumplimiento de deberes.
—¿Hay alguna forma de obligarle?
—El miércoles 16 la Procuraduría ha emitido el segundo requerimiento [para Murillo], que es el paso previo para la denuncia por la comisión de dichos delitos.
—¿No hubo ninguna respuesta, aunque sea verbal?
—Por las actuaciones del Procurador en el caso ENDE y en el caso Gases lacrimógenos, el ministro Murillo está furioso contra el Procurador y le ha requerido a la Presidenta del Estado la remoción de esta autoridad.
—¿Tendrá que ver todo esto con otros casos que investigó?
—Cabalmente ayer (jueves) he firmado y concluido la otra investigación del caso de corrupción que conmocionó al país, el de Respiradores españoles. El 20 de mayo, la Procuraduría inició su propia investigación jurídica y apolítica. Se ha recopilado más de ocho carpetas Cóndor, más de mil documentos emitidos por diferentes instituciones, y se ha encontrado hallazgos serios de comisión de delitos de corrupción a 13 personas, funcionarios públicos y particulares. Ayer he firmado ese dictamen y lo he presentado al Fiscal General del Estado, al Fiscal Departamental de La Paz, a la comisión investigadora de fiscales, a la comisión mixta de la Asamblea Legislativa Plurinacional que investiga también el tema, al Ministro de la Presidencia, al Ministro de Justicia, a la Ministra de Relaciones Exteriores, a la Ministra de Salud y al Director de la AISEM. Y en unas horas más será subido a la página web institucional el dictamen del caso Respiradores españoles para que toda la ciudadanía tenga acceso a este trabajo de investigación.
—¿Otros casos que esté investigando?
—También tenemos en curso una investigación respecto a YPFB. Al margen de ello tenemos casos, que no son de investigación pero son de gran interés. En unos días más, el 28 de septiembre tenemos la audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por el caso del derecho humano a la elección indefinida. Luego, hace escasos días el presidente de la Corte Penal Internacional ha remitido el caso de lesa humanidad cometido en agosto a la sala de cuestiones preliminares, está avanzando. Y, más importante aún, tenemos once juicios por el fraude electoral; estamos en vísperas de que se presente el requerimiento acusatorio para que pase el caso a juicio. Es amplia la agenda de la Procuraduría y lastimosamente autoridades como el ministro Arturo Murillo se han sentido tremendamente incomodadas y están furiosas por nuestras actuaciones.
—¿Este 28 de septiembre es usted quien debe ir a la Corte IDH?
—El 28 estamos acreditados dos representantes del Estado boliviano, el Procurador Gneneral, que es el abogado del Estado, y nuestro embajador en San José de Costa Rica, donde tiene su sede la Corte IDH, el abogado constitucionalista William Herrera Áñez. Ambos tenemos que formular el alegato ante la Corte.
—¿Qué vendrá, Procurador? Murillo es Murillo. ¿En qué prevé que resulte todo esto?
—En lo personal, me es absolutamente indiferente el desenlace del tema. Jamás solicité este cargo, ni me aferro al mismo; y no es de interés público estos aspectos personales. Pero lo que sí es de mi preocupación y de interés nacional es que existan autoridades que pretendan actuar por encima de la Constitución y la ley, como el ministro Arturo Murillo, y además con graves daños a intereses nacionales. La afectación de una empresa nacional estratégica, como ENDE, a través de decretos por vía rápida, que hasta ahora ningún ministro se anima a firmar, porque sabe que constituye daño económico al Estado, o el hecho de no aclarar actos de corrupción, obstaculizar el desempeño normal de las instituciones que tienen facultades para investigar, son aspectos que tienen que preocuparnos a todos los ciudadanos. Yo cumplo con mi deber de ponerlos a conocimiento de la opinión pública para que cada boliviano y boliviana emita su propio criterio.
José María Cabrera Dalence. Acerca de la “devolución” de acciones. No hay que disfrazar las cosas, demanda el ahora exprocurador. Si un bien pasa de propiedad privada a pública, se llama estatización o nacionalización; si va de lo público a lo privado, es privatización.
Datos
Nombre: José María Cabrera Dalence
Profesión: Abogado, con maestría en Derecho Constitucional.
Ocupación: Hasta el viernes 18, Procurador General del Estado
Perfil
Fue asesor legal del Gobierno Municipal de Santa Cruz. También fue Árbitro del Centro de Conciliación de la Cámara de Industria, Comercio y Turismo de Santa Cruz (Cainco).
(*) Iván Bustillos es periodista de La Razón
