Sostuve anteriormente que una restauración oligárquica en Bolivia era imposible bajo condiciones democráticas, dado que nuestro país es mayoritariamente reacio a la aplicación de recetas neoliberales en lo económico, y a la imposición descarada de políticas discriminatorias en lo político, sin mencionar la represión que sería necesaria para efectivizar tales medidas; observar a miembros de la Unión Juvenil Cruceñista y la Resistencia Juvenil Cochala demandando un golpe de Estado a las Fuerzas Armadas y a la Policía frente a las cámaras de todo el mundo refuerza mi punto.
Por el momento, se puede decir que el mayor desafío que enfrenta la derecha boliviana para estos tiempos es conciliar su visión del mundo con los preceptos básicos de la democracia liberal, que son: respeto a las elecciones como método exclusivo de acceso al poder; respeto a los derechos políticos y libertades civiles de todos los ciudadanos; y respeto a la idea de que todos somos iguales política y jurídicamente.
Ahora, me gustaría recordar cómo es que fueron posibles las dictaduras militares que tan primitivamente reclamaban hasta hace poco estos sectores de la población boliviana, dado su desprecio por el Estado de Derecho en general y por los Derechos Humanos en particular.
En su obra Minas, balas y gringos: Bolivia y la Alianza para el Progreso en la era de Kennedy, el académico Thomas Field Jr. da cuenta de cómo es que un programa de cooperación económica del Gobierno de los Estados Unidos para con Latinoamérica durante los años 60, cuyo objetivo inicial era excluir a la revolución cubana de todo apoyo regional, terminó sentando las bases para la irrupción de las dictaduras militares que azotarían el continente por casi dos décadas:
Como condición para recibir su asistencia económica, la ya corrompida Revolución Nacional dirigida por el MNR debía disciplinar a la clase obrera, entonces agitada por la vanguardia minera y, al mismo tiempo, fortalecer logística y doctrinariamente a las Fuerzas Armadas. El resultado: una hipertrofia de los órganos represivos del Estado que luego se convertirían en actores políticos de primer orden, guiados por una lógica pretoriana cuyos resultados ya conocemos todos, o al menos deberíamos conocer: miles de muertos y de desaparecidos, con sus respectivas familias destrozadas.
Mucho después, los EEUU se deslindarían de aquellos autoritarismos de uniforme y abrazarían la democracia representativa como proyecto para Latinoamérica, impulsados por la resistencia a las dictaduras de nuestras sociedades, así como por un cálculo estratégico en su competencia con la Unión Soviética. Vendrían luego unas democracias tuteladas y condicionadas fuertemente por la cooperación internacional del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Bolivia pasó a ser, como la llamó en algún momento Antonio Rodríguez Carmona, un “Proyectorado”, dependiente de la limosna extranjera y sin soberanía suficiente como para decidir su propio modelo económico, además de uno de los países más pobres del hemisferio.
Es importante considerar todo esto, sea cual sea el resultado de las elecciones que al momento de escribir esta columna se sostienen en aquel país, para determinar bajo qué condiciones se guiarán nuestras relaciones diplomáticas con su gobierno, que ha demostrado ser merecedor de por lo menos un poco de escepticismo diplomático: desconfianza, en buen romance.
Carlos Moldiz Castillo es politólogo.
