Tras anuncio de juicio, la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) hizo conocer que su presidente, Richard Botello, no acudió a las citaciones de la Comisión Mixta del Legislativo que investiga denuncias de corrupción porque se encuentra en recuperación tras haber dado positivo a COVID-19. Denunció un “afán político”.
“Se debe aclarar que fue la propia Comisión, a través de nota oficial, que invitó al presidente o vicepresidente del YPFB a dicha sesión, y era de conocimiento de la misma, que el ingeniero Botello se encontraba en etapa de recuperación a causa del COVID-19”, refiere un comunicado publicado a un día del anuncio de juicio al ejecutivo de la firma estatal.
La diputada de la Comisión Especial Mixta del Legislativo Máxima Apaza informó el viernes que el presidente de YPFB no acudió a 22 citaciones para informar sobre denuncias de corrupción en la petrolera estatal. Ante esa situación, anunció que se le abrirá un proceso penal por obstaculizar la investigación.
El presidente de YPFB no acudió a 22 citaciones de Comisión legislativa, se anuncia proceso penal
En el comunicado, la petrolera estatal respondió que hay un “afán político” en la comisión porque rechazó escuchar al vicepresidente de YPFB, Clever Vásquez.
“La Comisión sin mayor explicación ni argumento técnico, menos legal, procedió a expulsarlo de dicha sesión virtual, demostrando claramente que lo único que se busca con estas actuaciones, es una distorsión de la realidad, y no una información clara y transparente como esta gestión estuvo y está dispuesta a brindar”, sostiene el comunicado.
Además, añade que hay disposición para brindar la información que sea requerida.
En la gestión de Herland Soliz, expresidente de YPFB, fueron denunciadas irregularidades en contratos millonarios de adjudicación directa de compra de combustibles y adquisición de seguros. Tiene un orden de apremio por no haberse presentado a declarar por el caso seguros. La Fiscalía no pudo dar con su paradero.
Es investigado por los delitos de Resoluciones Contrarias a la Constitución y las Leyes, Incumplimiento de Deberes y Uso Indebido de Influencias, por presuntamente haber emitido una resolución administrativa denominada “Contratación Directa por Emergencia” signada con el número 78/2020, que permitió realizar varias contrataciones sin previa licitación. Estos hechos son investigados por el Ministerio Público, como la compra de seguros para YPFB a la empresa Credinform, contratación que fue cancelada.
