El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) pidió una pronta e imparcial investigación de las muertes ocurridas en la crisis poselectoral de 2019 en el país. Su misión en Bolivia asistió este domingo al homenaje a las 12 personas fallecidas en Huayllani, Cochabamba.
A través de un hilo de cuatro tuits, el organismo afirmó que “las muertes de Sacaba, así como todas aquellas que se presentaron en el contexto de la crisis postelectoral de 2019, deben ser pronta, imparcial y plenamente esclarecidas conforme a derecho”.
Según justificó la OACNUDH, el objetivo de las investigaciones es “garantizar que la justicia llegue y se dignifique a las víctimas”.
Expresó su compromiso de acompañar a las víctimas de Sacaba y a las autoridades a través de asistencia y cooperación técnica en lo que corresponda: “garantizar investigaciones independientes, reparar a las víctimas y aplicar el Protocolo de Minnesota”.
Además, propuso fortalecer las capacidades forenses, ajustar el uso de la fuerza a estándares internacionales y establecer mecanismos de rendición de cuentas sobre las fuerzas de seguridad.
En un informe preliminar, la CIDH calificó de “masacres” a las represiones de Sacaba (Cochabamba) y Senkata (La Paz), que derivaron en la muerte de al menos 26 personas y un centenar de heridos, en medio de la convulsión social que sucedió a la renuncia de Evo Morales y la asunción de Jeanine Áñez.
Por estos sucesos, la anterior Asamblea Legislativa sugirió la instalación de un juicio de responsabilidades contra Áñez y sus ministros de Estado, además de otras autoridades. En su informe, una comisión legislativa explicó que, bajo evaluación del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), se estableció que las muertes en ambas movilizaciones fueron causadas por armas de reglamento de la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas
Entonces, la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas actuaron al amparo del Decreto Supremo 4078, promulgado el 14 de noviembre de 2019, un día antes de represión en el puente de Huayllani, Sacaba.
El entonces ministro de Gobierno, Arturo Murillo, deslindó responsabilidades de las fuerzas del orden y, al contrario, dijo que los propios manifestantes se dispararon entre sí. Entretanto, el que fuera ministro de Defensa, Luis Fernando López, afirmó que tanto en Sacaba y Senkata (El Alto), donde el 19 de noviembre hubo otra masacre con otra decena de muertos, las Fuerzas Armadas no disparon un solo proyectil.
En una primera investigación, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo independientes de la Organización de Estados Americanos (OEA), estableció que los sucesos de Sacaba y Senkata fueron masacres.
(15/11/2020)
