La Fiscalía emitió este lunes órdenes de aprehensión contra los exministros de Gobierno Arturo Murillo y de Defensa Fernando López por el caso “gases lacrimógenos”, relacionado a la denuncia de compra de agentes químicos son sobreprecio.
«Por existir en su contra, elementos de convicción suficientes de que es autor o partícipe de la comisión del delito supra legal, y al existir indicios de que el sindicado pueda ocultarse, fugarse o ausentarse del país y obstaculizar la averiguación de la verdad histórica de los hechos», señala parte de ambas órdenes de aprehensión.
Uso indebido de influencias es el delito que se les atribuye a los ministros que dejaron sus cargos entre el 2 y 6 de noviembre, mucho antes de la renuncia colectiva del gabinete de la expresidenta Jeanine Áñez.
El 6 de noviembre, el fiscal anticorrupción Luis Atanacio emitió un requerimiento de alerta migratoria o arraigo, para impedir la salida al exterior de Murillo y López.
En octubre, el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, informó que en el marco del proceso investigativo del caso “Gases lacrimógenos”, el Ministerio Público envió a la Fiscalía General de Brasil un cuestionario con preguntas para que, mediante cooperación internacional y a través de sus fiscales, tomen declaraciones en calidad de testigos a los propietarios de la empresa Cóndor, quienes fueron los proveedores para la Policía Boliviana del armamento no letal.
Por este caso, la Fiscalía emitió en octubre un requerimiento de cooperación internacional para que se pueda recibir las declaraciones informativas de testigos en Brasil, quienes serían el presidente de la empresa Cóndor, Carlos Erani Aguiar; la vicepresidenta, María Cristina de Quiroz Aguiar (ambos presuntos dueños de la empresa), y también de Luis Montero, director comercial; Marcos Sigma, subgerente, y Beni Iachan, gerente de ventas para Latinoamérica.
La querella ante la Fiscalía señala que el Gobierno pagó Bs 270 por cada unidad de proyectiles de larga distancia y Bs 250 por unidad de proyectiles de triple acción. En cada caso se demandó la dotación de 50.000 unidades. De acuerdo a una denuncia de la red Gigavisión el costo se incrementó porque el Gobierno de Áñez optó por un intermediario, pese a que inicialmente se estaba haciendo una compra directa.
La investigación sobre el caso «gases lacrimógenos» generó un impasse entre Murillo y el exprocurador José María Cabrera, quien requirió información a cerca de la adquisición. Cabrera fue retirado del cargo.
(16/11/2020)
