8 de octubre de 2020. A los miembros del Congreso de Estados Unidos: Nosotros, los aquí firmantes, académicos estadounidenses de centros superiores y universidades de Estados Unidos y otras partes del mundo, deseamos expresar nuestra profunda preocupación por las alarmantes posturas que el Gobierno de Trump ha tomado acerca de Bolivia durante los últimos once meses, en particular su apoyo a la transición política inconstitucional del país en noviembre del año pasado, así como su silencio con respecto a numerosos y flagrantes abusos a los derechos humanos perpetrados por el Gobierno “interino” de Bolivia. Sin embargo, nos alienta ver las cartas y declaraciones de miembros del Congreso, incluidos Bernie Sanders, Jan Schakowsky, Henry Johnson, Deb Haaland, Barbara Lee, Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, Chuy García, Rashida Tlaib, Ayanna Pressely y otros, que llamaron la atención sobre los abusos del Gobierno de Jeanine Áñez y que criticaron el silencio del Gobierno de Trump ante estos abusos, los cuales amenazan la integridad de las próximas elecciones del país.
El 10 de noviembre de 2019, el presidente boliviano elegido democráticamente, Evo Morales Ayma, fue obligado a renunciar y huir del país bajo una fuerte presión de las fuerzas militares y policías amotinados. Las casas de miembros de su partido, el MAS (Movimiento Al Socialismo) y su familia, fueron incendiadas, y familiares de políticos del MAS fueron agredidos físicamente para obligar a los funcionarios a renunciar. Casi tres semanas antes, el 20 de octubre, el presidente Morales había ganado un cuarto mandato en el cargo recibiendo un apoyo del 47% de votos con una ventaja de más de 10 puntos frente al competidor más cercano, una cantidad suficiente para evitar una segunda vuelta. Aunque la oposición y una misión electoral de la OEA cuestionaron estos resultados y alegaron que se había producido una manipulación intencional del voto, sus afirmaciones estadísticas fueron desmentidas por el Centro de Investigación en Economía y Política (CEPR, por sus siglas en inglés) y por investigadores independientes del MIT, la Universidad de Michigan, la Universidad de Tulane y la Universidad de Pensilvania.
Siguiendo el mandato de los movimientos sociales, desde que asumió el cargo en 2006, Morales —el primer presidente indígena del país con mayor porcentaje de población indígena en América del Sur— se había embarcado en un proyecto generalizado de reforma social. Al principio de su Gobierno, los derechos de las comunidades indígenas —que habían sido marginadas durante siglos a pesar de representar entre el 41% y el 62% de la población— fueron reconocidos bajo una nueva Constitución aprobada en 2009 por más del 60% de los votantes. Bajo la presidencia de Morales, los programas gubernamentales redujeron la pobreza en un 40% y la pobreza extrema en un 60%. Se lograron avances importantes a través de iniciativas de base sobre los desafíos perennes que supone el cultivo ilícito de coca: se estableció el control comunitario y la negociación de la hoja de coca por parte de las comunidades indígenas para crear un sistema que redujera la coca destinada a la producción de cocaína. Tal logro es aún más notable si se tiene en cuenta que en Colombia, donde desde 2000 se ha gastado más de $10.5 mil millones del dinero de los contribuyentes estadounidenses en equipo militar y fumigación aérea tóxica, la tierra utilizada para el cultivo de coca ha aumentado aproximadamente en un 45% al año desde 2013.
Si bien el proyecto del MAS mejoró el bienestar de las mayorías pobres de Bolivia, la oligarquía del país y la minoría blanca que han gobernado desde el siglo XVI se opusieron enérgicamente a él y vieron con resentimiento el empoderamiento indígena. Incapaz de derrotar a Morales en las urnas, una parte de la derecha de la élite empresarial ha buscado su derrocamiento a través de otros medios, incluyendo el fomento de una secesión de los departamentos orientales del país (el bastión regional de la derecha); la formación de los llamados comités cívicos, que incluyen bandas juveniles violentas que llevan a cabo ataques racistas, además de un aluvión de falsedades en los medios.
El Gobierno de Áñez, que ha gobernado Bolivia desde el golpe de noviembre de 2019, ha hecho graves cambios en la política nacional y exterior que tenía el anterior Gobierno elegido de Bolivia. Con el Gobierno interino se han visto masacres a manifestantes, amenazas contra periodistas, el encarcelamiento de presos políticos —incluida la destacada líder sindical afroboliviana Elena Flores—, la destrucción de programas sociales, y escándalos de corrupción. Bajo Áñez, los funcionarios del Gobierno tildan continuamente a los manifestantes indígenas como terroristas y narcotraficantes, y ella misma ha calificado la cultura indígena como satánica. De igual manera, otros precursores del golpe como Luis Fernando Camacho, un fundamentalista católico multimillonario con tendencias fascistas, celebraron el derrocamiento del MAS como un hito “del regreso de Dios” al palacio presidencial.
Después de aplazar las elecciones en tres ocasiones, los comicios de Bolivia están programados para el 18 de octubre. Sin embargo, estamos profundamente preocupados por el entorno político amenazador impulsado por el Gobierno interino y por otros partidarios del golpe. El Gobierno de Áñez continúa en su intento de criminalizar y destituir a los líderes del partido más grande del país, el MAS, con cuestionables cargos de corrupción y terrorismo. Además, más de 50.000 bolivianos que viven en el exterior han visto suprimido su derecho al voto. Aún más alarmantes son los informes recientes de “operaciones de bandera falsa” (operaciones encubiertas para culpabilizar a grupos inocentes), que serían actos de violencia planificados para ser falsamente atribuidos al MAS. Tal sabotaje crearía un clima de miedo con el fin de justificar posponer aún más las elecciones y prohibir la participación del MAS.
Es fundamental que los miembros del Congreso sigan monitoreando de cerca la situación y se pronuncien en contra de la persecución de opositores políticos por parte del Gobierno de Áñez y en contra de cualquier otra acción que ataque la democracia. Los miembros del Congreso a quienes les importa la democracia, los derechos humanos y el Estado de derecho en la región también deben permanecer atentos a las palabras y acciones de los funcionarios del Gobierno estadounidense y los altos funcionarios de la Organización de los Estados Americanos, dado su apoyo tácito y, a veces, abierto a la destitución forzada del presidente democráticamente electo de Bolivia y a favor del Gobierno no electo de Áñez, a pesar de su lamentable historial de violaciones a los derechos humanos. Con encuestas recientes mostrando que el MAS lograría el 40% de los votos con una ventaja de casi 10 puntos en comparación con el segundo partido más votado, el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, ya está poniendo en duda su potencial victoria, indicando que tal victoria sería fraudulenta.
Instamos a los miembros del Congreso a que apoyen las elecciones libres y justas en Bolivia y estén preparados para exigir responsabilidades a los funcionarios de Estados Unidos y de la OEA si contribuyen a un mayor deterioro de la democracia y de los derechos humanos en Bolivia.
(*) Versión en español de la carta que académicas y académicos remitieron a 64 legisladores del Congreso de Estados Unidos sobre las elecciones en Bolivia. Este texto fue remitido a La Razón por dos de las firmantes: Tanalís Padilla (historiadora del MIT, Massachussetts Institute of Technology) y Cindy Forster (historiadora de Scripps College).
