En el tiempo liberal de los años 90 la democracia daba sensaciones urbanas de buen funcionamiento. A ello se le llamó gobernabilidad e institucionalidad. Una democracia de corte y matices excluyentes y señoriales que prescindía de aquello que miraban como la vulgaridad democrática que acecha desde el otro lado de los suntuosos hoteles. Así fueron reconstruyendo una vez más, alejados de los años de la Revolución Nacional, una república que expresó la almibarada idea de democracia donde la simulada hostilidad afectuosa e ilusoria de inicios de los años 80 trastocó en el tiempo, en hostilidad real.
La movilización que los sectores urbanos y de clase media denominaron “La Revolución de las Pititas” buscaba un país republicano y liberal pleno, donde la alternancia sea la posibilidad de no estar marginados del proceso político del país. Sin embargo, quienes se posicionaron con el nuevo régimen —los noviembristas — abrigaban una idea contraria y una hoja de ruta reservada que no incorporaba la intención democrática. Algunos quedaron fuera del esquema de poder, pero claramente habían ayudado a construir el engendro autoritario. Podrían hoy negarlo de palabra, pero no de hecho, pues su presencia fue visible. El tiempo redujo la acción “Pitita”, la chatura y mediocridad de un régimen no democrático y decadente los terminó condenando a consumirse en un último esfuerzo antidemocrático de no reconocimiento de la realidad de un país que se construye de modo distinto a lo que sucedió en noviembre de 2019. Esto ocurrió de la mano de aquel hombre esquinado y despótico, hoy ya ausente, que se miraba satisfecho por el régimen de pesadumbre que cada día construía y que una avalancha de votos insurreccionales desde las urnas sepultó un 18 de octubre. Fueron 12 meses de gobierno no democrático, de paréntesis institucional que sintetizaron más de dos siglos de historia y vida pre y posrepublicana.
El fin del mal denominado “gobierno transitorio” deja múltiples conclusiones que se expresan en un mayor enfrentamiento. En lo social, un estamento de nuestra sociedad busca acallar a otro, intenta anularlo hasta lograr su invisibilización. Por otro lado, el enfrentamiento político persigue igual objetivo, incapacitar e invalidar al adversario/enemigo político, hecho que se instrumentaliza con la acción de los jueces en eventos infinitos de causas legales.
Después de un golpe de Estado, viene el momento de las revanchas y los intentos de impunidad. Las preguntas insoportables se mantienen: ¿Fue golpe? ¿Hubo fraude? ¿Participaron quienes después se habilitaron como candidatos a la presidencia del Estado? ¿La OEA estuvo comprometida? ¿Por qué la Policía se amotinó? ¿Las Fuerzas Armadas estuvieron implicadas? ¿Se traicionó? ¿Existieron los financiadores que menciona el señor Carlos Romero? ¿Se aportaron esas enormes sumas de dinero para romper el orden institucional en Bolivia? Un listado inacabable de interrogantes que exigen explicación y verdad y para el cual la Justicia boliviana carece de la altura y solvencia requeridas.
La construcción de Estado y Sociedad nos pide ser mejores que aquellos hombres y mujeres que articularon la ruptura institucional. No hay espacio para la venganza y el odio. Hoy se precisa de un elemento divisor que concluya aquel episodio infame de nuestra historia. Esto es posible con la creación de una Comisión por los Derechos Humanos y la Institucionalidad Democrática de Bolivia, una entidad que pueda ser avalada y auspiciada por organismos internacionales y gobiernos de conocida probidad. Allí la investigación de lo sucedido en noviembre y en los 12 meses de estadía del gobierno no electo, con distancia política, transparencia debida y fundamentalmente, imparcialidad. Es necesario un equilibrio de debida justicia y responsabilidades, que ahuyente las ansiedades de venganza y destierre las posibilidades de impunidad.
Jorge Richter es politólogo.
