La vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Susana Rivero, tuvo la insolencia de no contestar a una pregunta del operador mediático de CNN en español, Fernando del Rincón, entrevistador más cercano a la disciplina de cuadrilátero de boxeo que a la del buen hacer periodístico. “¡Conteste a la pregunta!” insistía una y otra vez, mientras Rivero le mostraba un mapa boliviano pintado de azul para exhibir cómo había ganado el Movimiento Al Socialismo (MAS) la elección presidencial del 20 de octubre de 2019.
Tamaña irreverencia le costó a Rivero que aproximadamente cincuenta personas, que se autonombraban militantes de Comunidad Ciudadana de Carlos Mesa, se dirigieran hacia la puerta de su casa para averiarle la barda, la acera, lanzar pintura a las paredes y repetir como robótica consigna “¡Conteste a la pregunta!”, sumadas a ello temerarias calumnias y frases discriminatorias. Aquel día, en su casa se encontraban solamente Susana y nuestros hijos, mientras a la misma hora y el mismo 30 de octubre, le sucedía prácticamente lo mismo a la ministra de Salud, Gabriela Montaño, que tuvo que soportar idéntico amedrentamiento en las puertas de su casa, a la cabeza de un exfuncionario de la Embajada de Estados Unidos, de apellido materno Sánchez Bustamante, sobrino de Gonzalo Sánchez de Lozada.
Rivero y Montaño daban la cara en defensa de la victoria de Evo Morales en las urnas, como no lo hacían otros masistas, como por ejemplo el ministro de Comunicación, Manuel Canelas, quien en alguna oportunidad afirmara que “Carlos Mesa era como su segundo padre”. Confusos y atemorizantes fueron esos días, en los que sobre todo las representantes masistas de clase media defendieron con todas sus fuerzas algo que ellas consideraban legal y legítimo: la obtención de un triunfo indiscutible; eso sí, absolutamente convencidas a esas alturas de que esa victoria había sido perfectamente perforada por la narrativa del “fraude monumental” y que de ahí en más, la crisis de los veintiún días terminaría con el gobierno al que apenas le faltaban sesenta días para fenecer constitucionalmente.
Razones de seguridad obligaron a Rivero y a sus hijos a refugiarse en casa de una compañera y amiga por temor a que las amenazas pudieran traducirse en acciones de hecho emparentadas con el linchamiento. Llegó el 10 de noviembre, y mientras policías y militares ya habían consumado el festejo de quienes querían a Evo renunciado, desembarcamos en la residencia de la Embajada de México cuando ya se sabía que Adriana Salvatierra y Víctor Borda, presidentes del Senado y de Diputados, habían renunciado, y la instrucción cupular decía que la decisión pasaba por dejar sin posibilidades de sucesión constitucional a los golpistas. Ese mal cálculo del retorno de Evo a la silla presidencial más pronto que tarde, dejó a miles de masistas, hombres y mujeres de las ciudades y las zonas rurales, en estado de indefensión, lo que dio lugar a las muertes producidas en Sacaba, Senkata y El Pedregal con el Decreto Supremo 4078 que otorgaba licencia para matar a las Fuerzas Armadas: que el juicio de responsabilidades a Jeanine Áñez se sujete con rigor a un debido proceso.
Quedarse en la embajada mexicana hubiera sido autocondenarse a permanecer atrapada durante casi un año, por lo que decidimos trasladarnos a casa de una amiga, luego retornar a la casa propia para emprender viaje fuera del país la madrugada del 19 de noviembre, evitando en lo posible las miradas asesinas y las agresiones de quienes disfrutaban con morbo la caída de Evo y la llegada al poder de una senadora gracias a la derecha civil-policial-militar que ya nombramos en distintos artículos y que se irán de este mundo con el estigma que la historia ya les ha reservado hacia la eternidad: golpistas; y para siempre.
Indefenso e indignado, subrayando que en lo personal a este periodista el gobierno autoritario de Jeanine Áñez no le dijo ni hizo nada, con Susana e hijos tuvimos que abandonar Bolivia, asediada por militantes del acoso y la agresión callejera, con fotografías en el aeropuerto de El Alto, en el de Bogotá y hasta en calles de Buenos Aires que se encargó de publicar gentilmente Raúl Peñaranda en Brújula Digitalcon rebote en Página Siete, medios de los que dispuso durante este último año para ejercitar persecución mediática en sintonía con las emprendidas a nivel político por el ministro de gobierno, Arturo Murillo.
Amenazas de muerte, y hasta un espía que se instaló en una casa de a lado para instar al vecindario a “impedir que Rivero vuelva a habitar su casa” (¿?), más la aparición de un grupo llamado “Tigres fuertes”, conformado por jailones de la zona Sur de La Paz que me fotografiaban donde podían para luego generar debate sobre cuál sería la forma de “sentarme la mano”, son el tipo de acciones que llevaron adelante estos que fueron configurándose en algo así como grupos irregulares, sin el grado de organización de la Resistencia Juvenil Cochala y la Unión Juvenil Cruceñista. Supongo que el pitita Brockman no se refiere a todos éstos en su fallido proyecto editorial desmentido por el triunfo, otra vez, del MAS, sin Evo en la papeleta.
Entre noviembre de 2019 y marzo de 2020 salí e ingresé a Bolivia en tres oportunidades para compartir con mi familia en el autoexilio al que nos obligó la furia revanchista y bestial del murillismo. Rivero no volvió a contactar durante su permanencia fuera del país a sus compañeros de partido. Sí estuvo en comunicación con dos exparlamentarias y una exministra a título exclusivamente personal; y luego de este año azotado por el golpe, el autoritarismo persecutorio del gobierno transitorio, la corrupción desvergonzada, desde el robo de gallinas hasta un sobreprecio de respiradores que nunca llegaron a funcionar, todavía no cesan los insultos, las calumnias y las amenazas callejeras: una “pedagoga” que dirige una “Casa del adolescente” financiada por Samuel Doria Medina me encaró en la puerta de una sucursal bancaria gritándome “¡masista delincuente!” en el mismo tono en el que Del Rincón le profería a Rivero el “¡conteste la pregunta!”. Es obvio que no voy a pasarme los días contestando que no soy ninguna de las dos cosas, que mi militancia política tiene exclusiva relación con el Partido Socialista 1 de otro asesinado por la derecha civil-militar (1980), el extraordinario Marcelo Quiroga Santa Cruz.
No eran milicianos revolucionarios. Se trataba de pititas conservadores que en su legítimo derecho de reclamar por el no respeto al resultado del referéndum del 21 de febrero de 2016 ejercen persecución política desde las redes sociales, en lugares públicos de manera insistente y cotidiana hasta la llegada del coronavirus, y que ahora, shockeadospor el enmudecedor triunfo del MAS del 18 de octubre, persisten en su idea de querer imponer una Bolivia que ya no existe más, la de los privilegios excluyentes de una decadente e insensible mirada sobre este territorio de diversos nacido antes de 1492.
(*) Julio Peñaloza Bretel es periodista
