El jueves 26, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se reunirá con las víctimas y familiares de los muertos por la represión en Senkata en noviembre de 2019.
Ésta será una de las primeras actividades que lleve adelante el grupo en el esclarecimiento de los actos de violación de derechos humanos en los últimos cuatro meses de 2019. Su trabajo empieza este lunes y deberá extenderse hasta mayo de 2021.
La reunión jueves fue anunciada a los medios por David Inca, activista de derechos humanos y representantes de los familiares de Senkata.
“Tenemos la visita de la comisión, del grupo especial, que será el jueves 26, en la iglesia San Francisco de Asís en Senkata; la reunión va ser todo el día, todas las víctimas se van a congregar ahí, desde las 7 de la mañana vamos a estar ahí, yo creo que la comisión va llegar a las 9”.
El dirigente recalcó “que la comisión no empezará de cero”, que hay la base del Informe Preliminar de la CIDH de diciembre de 2019, con al menos 16 recomendaciones que dejó esa primera investigación.
Precisamente, en el acto de recibimiento al GIEI en la Cancillería, la mañana de este lunes, la relatora de Derechos Humanos, Flavia Piovesan, destacó el interés de la CIDH por los hechos de violencia en Bolivia durante “la etapa prelectoral y poselectoral de 2019”.
Recordó que la “visita de trabajo” de miembros de la CIDH en noviembre del año pasado incluyó reuniones con autoridades de distintos niveles de gobierno y con organizaciones sociales, y que visitó hospitales y centros de detención. Con base a todo esto, dijo, “la comisión encontró fuertes indicios de graves violaciones de Derechos Humanos” en la represión de las protestas “a manos de agentes del Estado”.
En dicho informe preliminar, la comisión calificó las muertes de Sacaba y Senkata como “masacres”. Hay que recordar que el gobierno transitorio de Jeanine Añez rechazó este informe calificándolo de “vergonzoso”, “totalmente sesgado”.
El entonces ministro de Gobierno, Arturo Murillo, incluso acusaba a la CIDH: “¿Dónde estaba la CIDH en la matanza de Porvenir, la Calancha? ¿Dónde estaba la CIDH cuando pateaban y masacraban a los indígenas de Chaparina? ¿Dónde estaba la CIDH en estos últimos 14 años donde ha habido más de cien muertos en nuestro país por el Gobierno de Evo Morales? Esa es una pregunta que debe responder la CIDH”.
Como señala el acuerdo entre la CIDH y el anterior gobierno transitorio, este mecanismo viene para “coadyuvar en las investigaciones de los hechos de violencia y violaciones a los derechos humanos ocurridos en ese país entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019”.
El GIEI, según el acuerdo, tiene las siguientes atribuciones: indagar “actos de violencia cometidos contra personas, organizaciones y autoridades” en el último cuatrimestre de 2019; “realizar un análisis técnico de las líneas de investigación desarrolladas; efectuar “recomendaciones pertinentes” para que estas investigaciones se adecúen a los estándares internaciones de derechos humanos; proponer medidas que garanticen la seguridad de quienes participen en las investigaciones; y, tras un análisis técnico, recomendar un plan de acción y reparación a las víctimas de los hechos investigados.
El GIEI está compuesto por los expertos Julián Burger, Magdalena Correa, Juan Méndez, Patricia Tappatá Valdez y Marlon Weichert. Asimismo, Jaime Vidal fungirá como Secretario Ejecutivo del GIEI-Bolivia.
(23/11/2020)
