La necesidad de reforma de la justicia parece haber entrado en un buen cauce esta semana gracias a los anuncios hechos tanto por el Gobierno como por la oposición parlamentaria. Ya se habla de una reforma parcial de la Constitución Política del Estado, así como de leyes que además de posibilitar este cambio introducirán otras medidas sobre la administración de justicia.
El Ministro de Justicia, en entrevista en nuestro programa Piedra, papel y tinta, adelantó que los temas que se pretende cambiar en el texto constitucional son la elección de juezas y jueces por voto popular; el papel del Tribunal Agroambiental y la inclusión de alguna cláusula que garantice la independencia de las y los jueces designados. Entre las leyes, se pretende introducir una que norme la carrera judicial.
Por su parte, el jefe de bancada de Comunidad Ciudadana y el excandidato a la presidencia por esa agrupación anunciaron que presentarán un proyecto de ley con el mismo espíritu que el anunciado por el ministro y señalaron que el anteproyecto está siendo consultado con la sociedad civil; entre las innovaciones que se proponen está establecer en la Constitución el Consejo Ciudadano de Notables, constituido por representantes de universidades, colegios de abogados, periodistas, entidades empresariales, organizaciones laborales e indígenas. En cualquiera de los casos, ya se menciona un referéndum para aprobar las reformas que se hagan.
Sin embargo, tal reforma, incluso si imprescindible y urgente, no será sino el primero de muchos pasos para transformar no solo el Órgano Judicial, sino sobre todo la idea de justicia que tiene la sociedad boliviana, donde algunos sectores creen que es un servicio en venta para favorecer a quienes puedan pagarlo; otros, por el contrario, que le tienen un profundo temor por ser todo menos justa; así como otros más que la consideran una utopía a la que casi nadie accede. Todos ellos tienen su parte de verdad.
En un país donde los políticos de uno y otro lado inician procesos penales no con el objeto de buscar justa sanción, sino escarnio público y en algunos casos habilitación moral, no es de extrañar que tantas y tantos profesionales del derecho hayan olvidado no solo los límites éticos de su profesión, sino también las reglas del debido proceso, lo cual depaupera todavía más el sistema, pues procesos mal presentados y peor llevados únicamente sirven para desperdiciar recursos, ya escasos en el Órgano Judicial.
Urge, pues, transformar formalmente al Órgano Judicial, pero sobre todo hacer un cambio en la mentalidad que sigue creyendo que la justicia sirve para encontrar venganza, para dañar al otro, y no para restablecer la paz en la sociedad, o para sancionar crímenes y delitos sin preocuparse de las víctimas, que así no obtienen ni resarcimiento ni restitución de sus derechos. La tarea es titánica, y va mucho más allá de solo normar los cambios: hay que hacerlos realidad.
