El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y la Asociación de Bancos de Bolivia (Asoban) se enfrascaron en un conflicto por el refinamiento y/o reprogramación de créditos dispuesto por el Decreto Supremo 4409. Las entidades financieras rechazaron la medida y la calificaron de “inconstitucional”, el Gobierno defendió su decisión y sostuvo que es legal.
“La Asoban expresa su desacuerdo con el Decreto Supremo 4409, que modifica la reglamentación respecto a los intereses devengados sobre el capital diferido. Esta medida vulnera lo establecido por la normativa legal sobre las relaciones y obligaciones contractuales entre privados, la seguridad jurídica y contraviene la Constitución Política del Estado, al obligar su aplicación retroactiva”, establece el comunicado difundido este sábado.
Horas después, en una nota de prensa, el ministerio dijo que rechazaba “categóricamente la sugerencia de la Asoban en el sentido de que se vulneren las normas establecidas”. Asimismo, “esta cartera de Estado reafirma su compromiso con el pueblo para salir adelante e insta a todos los actores del sector privado a sumarse a estos esfuerzos de manera sincera y con una actitud consecuente con el país”.
El Gobierno suspendió el cobro de intereses adicionales por el diferimiento de créditos y dispuso su devolución en caso de que el prestatario haya reanudado su plan de pagos, en contrapartida al decreto que había aprobado la expresidenta transitoria Jeanine Áñez. También estableció el refinanciamiento y la reprogramación de los créditos para los prestatarios que así lo soliciten.
“Nuestro decreto supremo establece los montos que se estaban computando como intereses adicionales, (los cuales) se suspenden, no se van a cobrar. Y ello porque no es correcto, (porque) hubo una mala aplicación del diferimiento. La ley fue estricta con la idea de que las cuotas, tanto capital como interés, queden congeladas y no surta ningún interés extraordinario”, explicó el jueves el ministro de Economía, Marcelo Montenegro.
(05/12/2020)
