El nuevo procurador general del Estado, Wilfredo Chávez Serrano, afirma que en estos primeros días de gestión lo que toca es “nacionalizar” la entidad, venida a menos, dice, durante el casi un año del gobierno transitorio de Jeanine Áñez. Aparte de haber convertido a esta repartición estatal (destinada a defender los intereses del Estado) en una “agencia de persecución política”, acusa Chávez Serrano, se descubrió que en el gobierno anterior se dejó de pagar a los abogados que representan a Bolivia en el exterior, incurriendo en un práctico boicot a las causas judiciales internacionales que llevan adelante dichos juristas.
—“Agencia de persecución política”, así calificó usted a la Procuraduría en el gobierno de Áñez. ¿Qué elementos concretos tiene para aseverar esto? Por ahí cumplía su función nomás.
—En el último año, la Procuraduría ha tenido una participación activa en diversos procesos judiciales, procesos penales, sobre todo, los cuales han desnaturalizado lo que es la Procuraduría: no se estaban defendiendo los intereses del Estado, se estaba ejerciendo persecución política a líderes de oposición y a exautoridades, con énfasis en denuncias penales, cuando la Procuraduría no es el Ministerio Público (Fiscalía), que es el que tiene la función constitucional de promover la acción penal pública cuando sucede un delito. Y esa no es nuestra función; la nuestra es preservar los intereses del Estado. Si no, sería como antes de la reforma de 2009 (la nueva Constitución), cuando la Fiscalía veía tanto la defensa legal del Estado como la persecución penal de delitos de acción pública, un rol doble. En ese sentido, la Procuraduría se ha convertido, lo reitero, en una agencia de persecución penal.
—En el caso del supuesto fraude de 2019, la Procuraduría casi obligó a los tribunales electorales, nacional y departamentales, a que se querellen contra los exvocales del TSE. ¿Correspondía?
—No correspondía, porque las entidades son autónomas en sus decisiones. Si la autoridad evalúa que no es preciso invocar una acción penal cualquiera, no lo hace, y lo justifica con informes de sus abogados. (Como Procuraduría) no tenemos por qué entrometernos en funciones propias de las entidades. En el caso del Tribunal Supremo Electoral y los TED hemos encontrado justamente eso, que hubo una intromisión directa del Procurador de entonces para hacer que presenten querellas penales contra exautoridades; todo, pensando en el supuesto fraude, que sabemos aún es objeto de investigación; entendemos que el informe evacuado por la OEA no era suficiente para instaurar una acción penal.
—Una de las acciones más sonadas de la anterior gestión fue ir hasta La Haya e instaurar una demanda contra Evo Morales y otros por genocidio y delitos de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional (CPI).
—Infelizmente se han gastado recursos del Estado para la presentación de una acción política, no jurídica, ya que para acudir a los tribunales internacionales, regla básica es que se agote la vía interna, nacional, de justicia; en este caso, no había ningún argumento para acudir (a la CPI), saltando instancias. Que sepamos, estamos averiguando, esta denuncia no ha sido tratada allá. Estimamos que será un caso tristemente rechazado por la jurisdicción internacional, por no haber agotado las vías nacionales; y eso lo sabían las autoridades que hicieron este show.
—Pero ¿la denuncia no corre por sí misma en la Corte Penal?
—No hay respuesta de la Corte; ésta tiene sus plazos, bastante laxos, por cierto. Hay que tomar en cuenta además que la Corte ve la urgencia del caso, y determina discrecionalmente qué es lo que va a atender y qué no.
(Lea la entrevista completa en la edición impresa de este domingo, en el suplemento Animal Político)
