El Ministerio de Defensa salió a aclarar a las Fuerzas Armadas que la Justicia Ordinaria está por encima de la militar cuando se trata de hechos de violencia y muerte como en Sacaba y Senkata en 2019, y que el proceso abierto contra el general Alfredo Cuéllar muestra que los eventuales delitos son personales y no involucran a la institución armada.
“En materia penal, las responsabilidades de los individuos son ‘intuito personae’, es decir, de orden estrictamente referido a la persona; por tanto, en el caso de la detención y procesamiento del Gral. Cuellar no corresponde que toda la institución armada se sienta afectada para actuar en ‘espíritu de cuerpo’”, establece un comunicado.
Cuéllar, entonces comandante de la guarnición militar de Cochabamba, se encuentra con detención domiciliaria acusado por asesinato. El general fue vinculado a los hechos de violencia y muerte en Sacaba, en noviembre de 2019, cuando perdieron la vida 10 personas por heridas de bala.
Actuaron en ese hecho fuerzas combinadas de la Policía y las Fuerzas Armadas al amparo del Decreto Supremo 4078 promulgado por el gobierno transitorio de Jeanine Áñez, para evitar que una marcha de cocaleros entre a la ciudad de Cochabamba en respaldo al entonces presidente renunciante Evo Morales.
El documento publicado en el muro de Facebook del Ministerio de Defensa también dejó establecido que “la justicia militar es un fuero o prerrogativa especial reglamentada para temas específicos. En cambio, cuando se trata de tutelar (proteger o amparar) un bien jurídico como es la Vida, la regla establece que es la justicia ordinaria la que está por encima de cualquier fuero especial”.
De esa forma respondió, indica el ministerio, al “falso debate de que si el caso que nos ocupa debe ser sustanciado y dirimido por la justicia militar o por la jurisdicción ordinaria”. Es más, recuerda que hay jurisprudencia en esta materia y que el propio Tribunal Constitucional Plurinacional ya definió el curso de acción en estos temas.
“Destacamos nuevamente la férrea convicción del Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas de apegarse estrictamente al ordenamiento jurídico nacional”, señala el comunicado de Defensa.
El ministro de Defensa, Edmundo Novillo, afirmó el fin de semana que no hay “privilegio ni fuero cuando se trata de delitos de lesa humanidad”, en referencia a los cuestionamientos por el proceso abierto en contra del general Cuéllar.
“Todos los bolivianos respondemos por nuestros actos ante la justicia y es la justicia la encargada de realizar todas las investigaciones, yo creo que no hay fueros ni privilegios para ningún boliviano de manera excepcional cuando se trata de delitos de lesa humanidad”, advirtió.
El presidente Luis Arce demandó de las Fuerzas Armadas su contribución al esclarecimiento de las muertes de noviembre de 2019. Además de recordar la obligación de todas las instituciones del Estado de apoyar dichas investigaciones, el mandatario reflexionó: “No es posible eludir la justicia”.
“Quiero decirles de manera muy sincera a las FFAA, que no es posible eludir la justicia, como gobierno y Estado boliviano estamos obligados por mandato de la CPE y las leyes a contribuir proporcionando la información para esclarecer las muertes durante el gobierno de facto”, tuiteó Arce el lunes a las 12.47.
(08/12/2020)
