Cuando el 15 de octubre pasado el general mexicano Salvador Cienfuegos (72) aterrizó en el aeropuerto de Los Ángeles, lo esperaban agentes de la DEA para arrestarlo, acusado de ser “el padrino” del narcotráfico y lavado de dinero entre 2015 y 2017, en connivencia con el cártel H-2, sucedáneo de la mafia de los hermanos Beltrán Leiva. Los cargos están sustentados con meticuloso detalle en un expediente de 743 páginas, condimentadas de audios telefónicos, fotografías, mensajes y otras pruebas incriminantes contra quien fuera ministro de Defensa durante el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018).
Hasta entonces todo hacía pensar que el otrora poderoso personaje seguiría el triste destino de otros militares descubiertos por la DEA, como el general panameño Manuel Antonio Noriega, condenado en 1992 a 40 años de cárcel; el coronel boliviano Luis Arce Gómez, a 30 años (1992); o el exzar antidroga de Bolivia general René Sanabria, a 14 años (2011), todos ellos sentenciados por la inflexible justicia americana. Sin embargo, en el tema Cienfuegos, un mes después de su captura, el 18 de noviembre, invocando “consideraciones sensibles e importantes de política exterior”, una jueza neoyorkina cerró inesperadamente el caso y levantó los cargos que pesaban sobre él, posibilitando su inmediato retorno a territorio mexicano, donde airoso recuperó su calidad de hombre libre, toda vez que allí no hay causa abierta en su contra. Esa misteriosa exculpación, primera en la Historia, tiene origen en la gestión diplomática del Gobierno mexicano que protestó sigilosamente el arresto, aduciendo acuerdos bilaterales de cooperación con Washington en materia de la lucha contra el tráfico de drogas, argumento básico para reclamar no haber sido informado de las investigaciones llevadas a cabo por la DEA contra el mentado general. No obstante, ese trámite poco transparente parece ocultar un chantaje en ciernes: la amenaza de expulsión de una cincuentena de agentes de la DEA estacionados en México, lo cual obviamente perjudicaría letalmente la cooperación en ese rubro. Pero más allá de esa hipótesis también se especula sobre un desesperado pedido directo del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a Donald Trump, quien aprecia que su homólogo sea el único que hasta hoy no hubiese reconocido el triunfo de su rival Joe Biden, en las recientes elecciones.
En el nivel interno, este hecho confirma el notorio sometimiento del poder civil al estamento militar, que más allá de sus específicas funciones constitucionales ha sumado otras tales como la construcción de aeropuertos, el control sanitario por el COVID-19 o la lucha contra el narcotráfico. Entonces, podría haber existido una fuerte presión castrense a AMLO para exigir apoyo al general en desgracia, porque sin sostén militar, AMLO correría el riesgo de tambalear. Ahora se viene un gran reto para el sistema judicial mexicano, donde la Fiscalía enfrentará su habitual corrupta artesanía contra las sofisticadas pruebas acopiadas por la DEA. En tanto, aún es difícil prever si la nueva administración Biden cohonestará el gesto de Trump o, por el contrario, demandará la extradición del fugitivo general.
Por último es pertinente comentar la ambigua moralidad de AMLO, que ignorando el grito revolucionario “sufragio libre, no reelección”, apoya a Trump, a Ortega, a Maduro y a Morales, rememorando aquel adagio muy mexicano: “a los amigos, todo; a los enemigos, nada y a los indiferentes, la ley”.
Carlos Antonio Carrasco es doctor en Ciencias Políticas y miembro de la Academia de Ciencias de Ultramar de Francia.
