La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) se pronunciará hasta el primer semestre de 2021 sobre la demanda interpuesta por el gobierno de la expresidenta Jeanine Áñez en contra del expresidente Evo Morales por el bloqueo de agosto que provocó –según la denuncia- desabastecimiento y falta de oxígeno medicinal en hospitales.
“La Fiscalía tiene la intención de concluir su análisis de la competencia material durante la primera mitad de 2021 a efectos de determinar si existe fundamento razonable para proceder a un análisis en materia de admisibilidad”, establece el Informe sobre las actividades de examen preliminar 2020 del caso.
Según la denuncia interpuesta por la Procuraduría General del Estado por delitos de lesa humanidad, el bloqueo de 9 días provocó que “más de 40 personas murieran privadas de insumos médicos y oxígeno medicinal, a causa del impedimento de la circulación de ese insumo”.
Áñez responsabilizó a Morales, al dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, y al dirigente cocalero del Chapare, Leonardo Loza, por la medida de presión que se extendió a diferentes puntos de Bolivia en demanda de adelantamiento de las elecciones que, finalmente, se realizaron el 18 de octubre de 2020.
La medida de presión se ejerció en uno de los momentos más complejos de la pandemia por el COVID-19.
Tras recibir la denuncia, “la Fiscalía inició un examen cuidadoso e independiente de la información facilitada por el anterior gobierno de Bolivia. La Fiscalía se ha centrado en la búsqueda de información de relevancia para la situación con relación a los elementos de los crímenes específicos con arreglo al Estatuto de Roma, con miras a informar su análisis de la competencia material».
(17/12/2020)
