“En esta guerra de todos contra todos, se da una consecuencia: que nada puede ser injusto. Las nociones de derecho e ilegalidad, justicia e injusticia están fuera de lugar. Donde no hay poder común, la ley no existe: donde no hay ley, no hay justicia”. Con estas palabras, Thomas Hobbes, filósofo político del siglo XVII, describe la situación de la especie humana en un estado de naturaleza donde no existe poder que medie entre las personas, cuyas tendencias naturales las hacen inaptas para cualquier tipo de convivencia pacífica.
La tesis central de su obra más conocida, Leviatán: o la materia, forma y poder de una república eclesiástica y civil, es que, para poder gozar de cierta seguridad frente a otros seres humanos, las personas deben pactar con un tercero, el Estado, la transferencia de su libertad. Es decir, seguridad a cambio de obediencia, casi total.
Ahora bien, Hobbes es la última persona a la que deberíamos recurrir por consejos para construir sociedades más democráticas, pero si de algo sabía, porque le preocupaba mucho, era acerca de las condiciones necesarias para mantener la paz. Ciertamente su visión de un Estado todopoderoso no coincide con nuestra actual concepción de la libertad o el Estado de Derecho, pero sus reflexiones sí nos pueden ayudar a abordar otra idea muy importante para nuestra convivencia social: Justicia, entendida como acuerdos de carácter obligatorio cuya violación producen su contrario: injusticia.
Hace un par de semanas, un abogado que torturaba por encargo y un acusado de feminicidio con sobradas pruebas en su contra lograron que la “justicia” les conceda libertad condicional, aunque dicha sentencia afortunadamente se canceló para el primer caso, quedando pendiente el segundo. En la vereda opuesta, Jhiery Fernández, médico acusado por violación e infanticidio, y Mariela Valdez, exfuncionaria del Banco Unión, fueron encarcelados sin prueba alguna, y en el segundo caso, ¡por el solo hecho de denunciar un delito! Ambos hechos con la complicidad de jueces y fiscales. Los ejemplos son literalmente incontables
No obstante, y a pesar de la escalofriante situación para los Derechos Humanos que el país atravesó durante el gobierno de facto de Jeanine Áñez, todavía persiste la idea entre algunas autoridades de que la reforma del Órgano Judicial no es un problema urgente. Pero lo es, debido a que la convivencia pacífica entre bolivianos y la propia democracia dependen de que nuestros problemas se resuelvan dentro de los márgenes institucionales de nuestro Estado y no con acuerdos por debajo de la mesa o por mano propia. Si el Estado no me garantiza justicia, ¿quién podrá hacerlo?
La consigna es reforma total, así se deba modificar la Constitución. La perversidad de nuestra justicia es el resultado de un conjunto de usos y costumbres empleados por juristas que las aprenden desde sus primeros años de universidad, para luego conformar redes informales de jueces, fiscales y policías que nada tienen que envidiar a los esquemas del crimen organizado en la era de Capone. De hecho, el abogado que estaba a punto de ser suelto tenía un cuadro de El Padrino en su oficina. Me imagino a mí mismo entrando ahí, mirándolo a los ojos y luego al cuadro, y luego sonreír nerviosamente mientras me excuso por salir apurado. Creo que pedirle consejos al gremio que es justamente parte del problema es el colmo de la ingenuidad.
No hay derecho, y sin él, volviendo a Hobbes, nuestra existencia es “miserable, brutal y corta”.
Carlos Moldiz es politólogo.
