El 12 de noviembre del 2019, a dos días de la renuncia presidencial forzada de Evo Morales, se activó un cerco policial protegiendo la plaza Murillo. Nadie entraba, solo se permitía el paso a parlamentarios opositores al Movimiento Al Socialismo (MAS) al palacio de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para sesionar. Al atardecer de esa jornada, la entonces senadora Jeanine Áñez, en un hemiciclo parlamentario casi vacío, se autoproclamó presidenta del Senado y, acto seguido, en mandataria interina de Bolivia.
Así se consumó el golpe de Estado.
En las últimas semanas, políticos (especialmente sobre aquellos que existen sospechas de su participación en la ruptura constitucional, ejemplo, el excandidato presidencial Carlos Mesa), periodistas y opinadores se están esforzando vanamente en desmontar la verdad histórica de los hechos, o sea, el golpe de Estado.
En efecto, hay un desconocimiento politológico actual sobre el debate de los recientes golpes de Estado producidos en América Latina.
Uno de los rasgos comunes de los mismos, a diferencia de los años 70 u 80, es la búsqueda de su blindaje jurídico, por eso son conocidos como “golpes blandos” o “neo golpes”.
Los golpistas se empeñan en blindar constitucionalmente estas rupturas constitucionales, inclusive, simbólicamente les sirve que el Parlamento siga funcionando para otorgarles una fachada democrática. No les interesa de militares montados en tanques asumiendo el poder como otrora.
Si bien se sirven de ellos en algunos casos, pero buscan despejar cualquier estigma “golpista” para mantener la fachada democrática.
El golpe de Estado perpetrado en Bolivia cuaja en esta caracterización politológica.
No debemos olvidar, al día siguiente de la renuncia de Evo Morales, connotados políticos de oposición al MAS-IPSP se reunieron para buscar un caparazón jurídico para allanar el camino de Áñez a la presidencia, que implicaba deshacerse del obstáculo de la “mayoría masista” en la ALP. Para ello recurrieron a un antecedente, la renuncia de Mesa a la presidencia, en 2005, y de los inmediatos sucesores presidenciales hasta recaer en el entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia. Pero, este antecedente no es válido jurídicamente para la sucesión de noviembre de 2019, ya que Bolivia cuenta con una nueva Constitución desde 2009 que establece que en caso de renuncia presidencial se debe leer la carta correspondiente para que la mayoría rechace o no. Eso no sucedió. La ALP, inmediatamente a la renuncia de Morales, no se reunió con quórum y, por lo tanto, no se leyó ninguna de las cartas de renuncia como correspondía constitucionalmente.
En esta cadena de irregularidades, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) entró en escena. A través de un simple comunicado avaló la sucesión de Áñez argumentando que “el funcionamiento del órgano ejecutivo de forma integral no debe verse suspendido, por lo que el siguiente en la línea sucesora asume ipso facto la presidencia”. Meses después, Petronilo Flores, magistrado del TCP, señaló enfáticamente que este comunicado acreditando la sucesión de Áñez como presidenta “no tiene valor legal y no es vinculante”. El Código Procesal Constitucional boliviano solo reconoce como vinculantes las sentencias, declaraciones y los autos constitucionales, por lo que el comunicado sobre la sucesión presidencial no tiene ninguna relevancia jurídica.
Más allá de las narrativas, está la verdad histórica, el golpe de Estado, que amerita una investigación y un juzgamiento para evitar futuras estocadas a la democracia boliviana.
Yuri Tórrez es sociólogo.
