Una de las noticias más importantes de 2020 para América Latina ha sido la aprobación, el miércoles último en Argentina, de la ley que legaliza la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) y garantiza su ejecución en condiciones no solo de seguridad sino también de gratuidad. Aunque parece que el tema divide a la sociedad, es mayoría la que apoya este avance.
Se trata, desde todo punto de vista, de un avance de la mayor importancia tanto en el ámbito de la salud pública como de derechos humanos. En el primer caso debido a que es bien sabido que la prohibición de la IVE nunca sirvió para evitar su práctica, sino para obligar a miles de mujeres a realizarla en la clandestinidad y, por tanto, en condiciones a menudo insalubres, excepto para aquellas mujeres que pudiesen pagarse los servicios de costosas clínicas.
Al respecto, el Gobierno argentino señaló que hasta el momento de la aprobación de la ley, que ya se había visto frustrada en diciembre de 2018, se producían entre 370.000 y 520.000 abortos clandestinos cada año, en un país de 45 millones de habitantes; también se argumentó que desde la restauración democrática en 1983, hubo más de 3.000 mujeres muertas por abortos inseguros.
Mucho más importante, sin embargo, es el hecho de que el avance también puede ser medido en términos de derechos humanos, pues con la legalización de la IVE se entrega a las mujeres el derecho a decidir sobre su cuerpo y su vida, posibilidad hasta ahora negada en nombre de discutibles razones religiosas, que anteponen creencias personales (muy respetables, sin duda) a las necesidades no solo de las mujeres obligadas a convertirse en madres contra su voluntad, sino también de las criaturas nacidas a menudo en entornos de pobreza y violencia.
Para resolver este dilema, el Congreso argentino aprobó además la Ley de los 1.000 días, para acompañar material y sanitariamente a las mujeres pobres que quieran llevar adelante su embarazo, de modo que las dificultades económicas no sean un motivo para abortar. Asimismo, está prevista la objeción de consciencia de parte de médicos y trabajadores de salud, pero con la condición de que remitan a la paciente a otro centro de salud de manera inmediata.
La campaña en contra de la legalización de la IVE, a falta de argumentos sólidos, incluyó, junto con los ya nombrados juicios morales y religiosos, innumerables mentiras y falsedades que solo demuestran el talante de quienes las pronunciaron: opuestos a la ampliación de derechos e inclinados al totalitarismo. Asimismo, contra las voces que afirman que se trata de una agenda “socialista”, se demostró que casi todos los países capitalistas han aprobado el aborto hace años.
Queda, pues, para el resto del continente, comenzando por Bolivia, un valioso ejemplo de avance en materia de derechos a la salud y a la dignidad humana; el camino será, como en Argentina, arduo, pero vale la pena recorrerlo.
